La decisión del Gobierno nacional de suspender la compra y distribución de 14 millones de libros escolares marca mucho más que un cambio administrativo: representa un nuevo capítulo en el desmantelamiento de las políticas públicas destinadas a garantizar el acceso igualitario a la educación y la cultura.
Bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano conducido por Sandra Pettovello, la gestión de Javier Milei dio de baja el programa “Libros para Aprender”, una iniciativa que abastecía de material educativo a escuelas primarias, secundarias y jardines de infantes de todo el país. La explicación oficial habla de supuestas irregularidades y falta de transparencia en el proceso de adquisición. Sin embargo, docentes, editoriales y especialistas advierten que detrás del argumento administrativo se esconde una decisión política: retirar al Estado de su rol como garante del derecho a la educación pública y gratuita.
Durante años, la compra estatal de libros permitió que millones de estudiantes accedieran a materiales actualizados independientemente de su situación económica. En un contexto social atravesado por el aumento de la pobreza y la pérdida del poder adquisitivo, la interrupción de este programa golpea especialmente a las familias que no pueden afrontar el costo de manuales y textos escolares.
La medida también expone una lógica de desigualdad territorial. El Gobierno decidió trasladar la responsabilidad de la compra de libros a las provincias, profundizando las brechas entre jurisdicciones con mayores recursos y aquellas que atraviesan fuertes crisis presupuestarias. En los hechos, esto significa que el acceso a materiales educativos dependerá cada vez más del lugar donde nació cada estudiante.
La caída de las compras estatales resulta contundente. Mientras en 2024 representaban cerca del 29% del mercado editorial, para el período 2025-2026 apenas alcanzan un 5%. El impacto no sólo afecta a las escuelas: también compromete la supervivencia de editoriales pequeñas y medianas que sostienen buena parte de la diversidad cultural y pedagógica del país.
La situación se agrava con la exclusión de bibliotecas populares bonaerenses de programas nacionales que subsidiaban la adquisición de libros. Estas bibliotecas cumplen un rol clave en barrios y comunidades donde muchas veces funcionan como el único espacio de acceso gratuito a la lectura, el estudio y la cultura.
La decisión del Ejecutivo vuelve a instalar una discusión de fondo: ¿la educación es un derecho o un privilegio? Porque detrás de cada libro que no llega a una escuela pública hay un Estado que retrocede y una desigualdad que se profundiza. En un país donde históricamente la educación pública fue una herramienta de movilidad social y construcción democrática, el recorte en políticas de lectura y acceso al conocimiento no parece una medida aislada, sino parte de un modelo que concibe a la educación como un gasto y no como una inversión social indispensable.
