En un contexto nacional donde la crueldad parece ser la única política de Estado, los territorios se transforman en trincheras de resistencia y cuidado.
El contraste no podría ser más nítido. Mientras el Gobierno de Javier Milei acude desesperadamente a la Corte Suprema de Justicia para no garantizar los fondos mínimos de la Ley de Emergencia en Discapacidad, la Provincia de Buenos Aires dio un paso histórico al reglamentar la Ley N.º 15.296, consolidando un modelo donde la inclusión, el enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género configuran la gestión pública.
La Provincia que abraza y capacitaLa reglamentación de la Ley N.º 15.296, oficializada a través del Decreto Provincial N.º 737/2026, instala la capacitación obligatoria en discapacidad para todas las personas que integran los tres poderes del Estado bonaerense.
No se trata de un simple curso administrativo; es una reforma cultural profunda de cara a derribar barreras sistémicas.
Desde una perspectiva transfeminista, entendemos que las tareas de cuidado y las vulnerabilidades socioeconómicas recaen históricamente sobre las mujeres y disidencias feminizadas.
Cuando el Estado capacita a sus funcionarixs, reduce la violencia burocrática y alivia la histórica carga comunitaria que sostienen las madres, hermanas y compañeras de personas con discapacidad.
Los puntos centrales de la norma bonaerense reflejan una construcción democrática y participativa:
Obligatoriedad total: Rige para todos los niveles y jerarquías del sector público, de forma permanente o transitoria.
Nada sobre nosotrxs sin nosotrxs: Exige la participación activa de personas con discapacidad y sus organizaciones en el diseño de los contenidos.
Perspectiva de carrera: Cumplir con la formación es requisito indispensable para ascensos y concursos públicos.
El desamparo libertario: Milei contra las sentencias judicialesLa contracara de esta política de cuidado se digita desde la Casa Rosada.
En paralelo a los brutales recortes que asfixian al sistema de salud y de prestaciones, el Ejecutivo nacional mantiene una batalla abierta contra el colectivo de personas con discapacidad y la propia Justicia Federal.
Tras el veto de Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad (Ley 27.793), diversos fallos de la justicia federal —como las sentencias del Juzgado Federal de Campana y amparos colectivos en distintas provincias— declararon inválida la suspensión de las partidas presupuestarias y ordenaron al Gobierno nacional garantizar el cumplimiento inmediato de la ley para proteger el derecho a la salud, transporte y rehabilitación.
Sin embargo, el gobierno libertario, escudándose en la «falta de fondos» a pesar del superávit fiscal pregonado, decidió no acatar lo mínimo exigido y presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para suspender la aplicación de la ley.
El desprecio por la institucionalidad y por las vidas de miles de ciudadanxs vulnerados queda expuesto en cada presentación judicial con la que buscan eludir sus obligaciones básicas.
Cuidar es un acto político
Frente al modelo de desmantelamiento y abandono que propone Nación, el entramado bonaerense demuestra que es posible gobernar con empatía, responsabilidad y perspectiva de derechos humanos.
Integrar y cuidar no son gastos fiscales; son inversiones de justicia social indispensables para construir una sociedad verdaderamente igualitaria y libre de violencias.
