El juez federal Adrián Grünberg ordenó al jefe de la inteligencia estatal la entrega inmediata de documentación censurada sobre los centros clandestinos Automotores Orletti y Base Pomar. Hay amenaza de denuncia por desobediencia.
La justicia federal dio un paso determinante contra el secretismo oficial en los juicios por crímenes de lesa humanidad. El presidente del Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de la Ciudad de Buenos Aires, Adrián Grünberg, intimó a Cristian Auguadra, titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), a entregar en un plazo improrrogable de cinco días hábiles toda la documentación guardada en sus archivos relativa a las víctimas de los centros clandestinos de detención Automotores Orletti y Base Pomar. La orden judicial exige de forma taxativa que los archivos se presenten en su totalidad y sin tachaduras, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia.
La resolución del magistrado valida un reclamo conjunto de la fiscalía general, conducida por Pablo Ouviña, y la querella del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Ambas partes denunciaron que la SIDE había remitido previamente legajos e informes con datos sustanciales testados o borrados. Según los investigadores, estas tachaduras impiden identificar a nuevos responsables civiles y militares de los secuestros, tormentos y desapariciones perpetrados por los espías estatales entre 1976 y 1977.
El debate por el acceso a la verdad
La controversia por los documentos reactivó una discusión legal que las organizaciones de derechos humanos consideraban resuelta desde hace 16 años. En 2010, el decreto 4/2010 removió la clasificación de seguridad para toda la información en poder de las Fuerzas Armadas y los organismos de inteligencia relacionada con el período de la dictadura. Sin embargo, las querellas señalan que desde la asunción del actual gobierno existe una política activa de retaceo de información, caracterizada por la entrega parcial de documentación y el ocultamiento de las identidades de los funcionarios que firman las remisiones.
Aunque el Ejecutivo anunció en marzo pasado la desclasificación de archivos de la SIDE bajo los parámetros del histórico decreto de 2010, las organizaciones Abuelas de Plaza de Mayo, el CELS y Memoria Abierta judicializaron la medida ante el fuero Contencioso Administrativo. Denunciaron que la apertura de la SIDE es «selectiva y arbitraria», ya que el organismo solo publicó tandas de documentos elegidos por sus propias autoridades, un reclamo que recientemente fue respaldado en primera instancia por el juez Walter Lara Correa.
Juicio y reconstrucción en el terreno
La intimación judicial coincide con un momento bisagra del debate oral y público que el TOF 1 lleva adelante desde febrero. En este proceso se juzga a los exagentes de inteligencia Patricio Finnen, Rubén Héctor Escobar, Julio César Casanova Ferro y César Estanislao Albarracín por 88 casos de privación ilegal de la libertad y tormentos en los centros clandestinos operados por la SIDE. Finnen es un nombre de peso en la historia de los servicios secretos de los años noventa, vinculado a la «Sala Patria» y condenado penalmente por el desvío de fondos reservados en la causa AMIA.
El conflicto por las tachaduras escaló tras la reciente declaración testimonial de Juan Carlos Comínguez, ex diputado nacional y único sobreviviente civil vivo de la Base Pomar, un galpón represivo que funcionó en el barrio de Floresta y que fue sometido a una inspección ocular inédita por parte del tribunal a mediados de este mes. Los informes que la SIDE intentó censurar corresponden, precisamente, a los legajos personales de Comínguez y de sus compañeros de militancia del Partido Comunista secuestrados en mayo de 1977, piezas fundamentales para reconstruir el organigrama de la represión ilegal en el circuito de los espías.
