El laberinto de impunidad que rodea a los crímenes de género suele comenzar en el mismo instante en que el agresor intenta camuflar la violencia bajo el relato de un accidente doméstico, una crisis de salud o una decisión individual de la víctima.
El trágico final de Ana Josefina Luna Carballo, de 21 años, ocurrido en el departamento mendocino de Godoy Cruz, expone de manera nítida esta matriz de engaño institucional.
Lo que inicialmente ingresó a la guardia médica como una presunta intoxicación por fármacos se transformó, gracias al rigor forense y pericial, en una causa penal por femicidio e inminente traslado al penal para su pareja, Alejandro Daniel Luques, de 52 años.
Los hechos se desencadenaron durante la tarde del lunes 26 de octubre, cuando Luques trasladó a la joven —completamente inconsciente y con espuma en la boca— hasta el Hospital Lencinas, ubicado a pocas cuadras de la vivienda que compartían en la manzana 12 del barrio Parque Sur.
Para montar el desvío de la investigación, el hombre llamó previamente a su suegra y, ante los médicos de guardia, aseguró que al regresar de su jornada laboral había encontrado a la joven tendida sobre la cama con serias dificultades para respirar, señalando además la supuesta presencia de un blíster vacío de pastillas junto al cuerpo.
A pesar de los esfuerzos de reanimación cardiopulmonar que se prolongaron por casi 50 minutos, el personal médico constató que la joven había llegado al establecimiento sin signos vitales.
Las marcas en el cuerpo y el derrumbe de la mentira
La coartada del descarte comenzó a desmoronarse en la misma camilla de la guardia médica. El examen clínico minucioso realizado por el personal de salud y los peritos de la Policía Científica detectó indicios físicos que resultaban absolutamente incompatibles con un cuadro de muerte natural o intoxicación solitaria.
Los profesionales identificaron una herida punzante en la zona abdominal y llamativas marcas de sujeción en ambas muñecas de la joven, signos inequívocos de que Josefina había sido inmovilizada y atacada físicamente antes de morir.
Ante el hallazgo pericial, la fiscal Laura Nieto —quien subroga al fiscal de Homicidios Oscar Malla— activó de inmediato el protocolo de investigación para casos de femicidio y dispuso la aprehensión preventiva de Luques en la base de la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Es.Tra.D.A.). El golpe definitivo al relato del acusado llegó con los resultados preliminares de la necropsia practicada por el Cuerpo Médico Forense, cuyo informe tanatológico ratificó que Josefina sufrió una muerte violenta con participación de terceros, lo que destruyó la hipótesis de la ingesta voluntaria de medicamentos y consolidó la hipótesis del asesinato.
El impacto institucional y la asimetría de poder
El caso generó repercusión institucional al confirmarse que la víctima era hija de un efectivo de la Policía de Mendoza asignado a la misma dependencia de Es.Tra.D.A. donde se alojó al agresor, lo que motivó protocolos preventivos de resguardo y el retiro temporal del arma reglamentaria al padre de la joven.
La fiscalía formalizó la imputación contra Alejandro Daniel Luques por homicidio agravado por la relación de pareja y femicidio, un delito que prevé prisión perpetua.
