En medio de la marea verde y violeta que volvió a colmar las calles en una nueva jornada del Ni Una Menos, las voces de quienes sostienen el sistema público desde adentro cobran una relevancia urgente.
Entre la multitud, una trabajadora del fuero penal rompe el silencio para visibilizar la trinchera en la que se convirtió el Poder Judicial: un espacio de disputa diaria donde las mujeres no solo asisten a las víctimas, sino que resisten en una de las estructuras más patriarcales del Estado.
El embudo de la punición: «La justicia penal llega tarde»
Para quienes habitan los pasillos de los tribunales penales, la realidad cotidiana choca de frente con el discurso punitivista oficial. «Cada vez somos más las compañeras que nos comprometemos con lo que pasa en la sociedad y que queremos otra atención», explica la trabajadora judicial, cuya identidad se reserva para proteger su continuidad laboral en un ámbito hostil.
La crítica principal apunta a la incapacidad estructural del sistema para prevenir. «La justicia, y sobre todo la justicia penal, llega tarde a los asuntos. Cuando el Estado llega para la punición, es que ya llegó tarde», advierte de forma tajante.
Según su testimonio, el fuero penal opera bajo una selectividad histórica que penaliza la pobreza y no resuelve la raíz del problema. La violencia de género y los delitos comunes se cruzan en las mismas lógicas de exclusión: «Los violentos de género son los mismos que están presos por robo o por hurto. Hay ciertos sectores de la sociedad donde se ejerce una violencia tremenda hacia las mujeres, y las cárceles se llenan siempre con la misma población».
El «loop» de la dependencia económica y el vaciamiento estatal
La trabajadora describe un escenario agravado por las políticas de desmantelamiento del Estado.
Ante la falta de redes de contención económica, habitacional y de cuidado (como la escasez de guarderías para los hijos), la denuncia penal se convierte en una trampa.
«Muchas mujeres no pueden salir del ciclo de la violencia porque no tienen trabajo ni medios económicos para independizarse. Están en un estado de esclavitud y de servidumbre porque de eso depende la manutención de sus hijos», relata.
Sin políticas públicas ni programas que acompañen de forma integral, la única respuesta estatal que queda en pie es la criminalización del agresor.
Sin embargo, al no modificarse las condiciones materiales de existencia de la víctima, el sistema las devuelve al mismo territorio de peligro. «Es un loop donde vuelven a la misma situación porque no tienen cómo salir de ese agujero», lamenta la entrevistada, señalando cómo los recortes actuales profundizan la brecha de género y restringen el acceso de las mujeres al trabajo, al estudio y a los puestos de poder.
Desmitificar las «falsas denuncias» en un entorno hiperpatriarcal
Al ser consultada sobre los proyectos legislativos que buscan instalar el debate sobre las «falsas denuncias», la judicial se muestra categórica y califica la iniciativa como «una ridiculez y una falta de respeto» hacia las víctimas.»
El delito de falsa denuncia ya existe en el Código Penal, no hace falta ninguna reforma», aclara con tecnicismo jurídico. «Si hay algún delito que está subdenunciado, donde la estadística es abrumadora en cuanto a los hechos que no se visibilizan, son los delitos de violencia contra la mujer y los abusos sexuales»
La trabajadora expone la doble vara con la que el sistema mide los testimonios de las mujeres: «No es lo mismo cómo se trata a una denunciante de un delito contra la propiedad que a una de integridad sexual o física. Atravesar todo un proceso judicial implica una revictimización constante y es bajísimo el porcentaje de mujeres que se anima a denunciar».
La disputa interna: Habitar un poder patriarcal
El testimonio de la entrevistada deja al descubierto las dinámicas de poder que persisten en las cúpulas tribunalicias.
«El Poder Judicial es hiperpatriarcal, no está conformado con equidad de género y está lleno de violentos que no pagan las consecuencias», denuncia de manera directa.
Frente a este panorama, la permanencia de las mujeres en las dependencias judiciales no es pasiva.
La marcha del Ni Una Menos funciona también como un reflejo de la organización interna de las trabajadoras, quienes intentan humanizar los dispositivos de atención, construir redes de solidaridad interna y disputarle el sentido de la «justicia» a una institución que se resiste al cambio.
