El recrudecimiento de la violencia y los discursos de odio no operan en el vacío abstracto; calan en los territorios y se corporizan con crueldad en las calles de nuestro país.
La noche del domingo 25 de octubre, la ciudad de San Miguel de Tucumán se convirtió en el epicentro de un brutal ataque homofóbico. Iván y Francisco «Fran» Blasetti García fueron emboscados y agredidos físicamente en un edificio ubicado en la calle Muñecas 64. Tras la golpiza, Francisco, de 29 años, debió ser ingresado de urgencia a la Clínica Mayo, donde permanece internado en la unidad de terapia intensiva bajo un cuadro de extrema gravedad.
Este hecho no puede ser catalogado por las crónicas policiales hegemónicas como una simple «pelea de vecinos». El ensañamiento contra la pareja expone un componente de odio sistémico hacia las identidades disidentes. Mientras la justicia tucumana y las fuerzas policiales dilatan las medidas básicas de detención, el activismo y las familias sostienen el reclamo en las calles para frenar la naturalización de la intolerancia.
Una discusión que mutó en cacería homofóbica
De acuerdo con las reconstrucciones de los hechos aportadas por familiares y el colectivo Orgullo Tucumán, el episodio se desencadenó inicialmente por una disputa menor vinculada al uso del ascensor del inmueble durante las tareas de mudanza de la pareja. Las víctimas residen de forma permanente en dicho edificio, a diferencia de los agresores.
La agresión verbal escaló de manera inmediata a una agresión física desmedida en el momento exacto en que los atacantes advirtieron el lazo afectivo y la orientación sexual de ambos jóvenes. Ivanna Espech, madre de Iván, denunció públicamente a los responsables directos de la paliza: Diego Otero (quien presuntamente ostenta un cargo jerárquico en la empresa de seguridad privada «Cóndor») y su hijo, Hernán Otero, acompañados por otros integrantes de su núcleo familiar.
El relato del horror familiar
«Los pudieron haber matado», relató desesperada la madre de Iván a través de videos difundidos en plataformas digitales. Mientras su hijo presenta múltiples hematomas y traumatismos en todo el cuerpo que le impiden realizar acciones cotidianas básicas por los dolores severos, la peor parte se la llevó Francisco, cuya estabilidad física continúa en estado crítico
Lo que más encona el dolor de los allegados es el velo de impunidad: a más de 24 horas del crimen de odio, ninguno de los agresores fue formalmente demorado, aprehendido o citado por las dependencias policiales ni por las fiscalías intervinientes.
Repudio generalizado y la respuesta del activismo
El silencio institucional contrasta con el inmediato tejido de redes comunitarias y de sectores civiles de la provincia. La Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán emitió un comunicado institucional de repudio enérgico, exigiendo el pronto accionar de la justicia, dado que Francisco Blasetti García se desempeña activamente como integrante del Comité Ejecutivo de dicha entidad gremial empresarial. Asimismo, el diputado nacional Esteban Paulón sumó su rechazo y advirtió que «el odio lastima, hiere y mata» en el actual contexto sociopolítico del país.
Bajo la consigna unificada de «¡Basta de violencia y ataques de odio contra el colectivo LGBTI+!», la Coordinación de la Marcha del Orgullo de Tucumán y una vasta red de asambleas sociales, políticas y transfeministas convocaron a una concentración y movilización pacífica de urgencia en la Plaza Independencia.
Las activistas remarcan que el amparo y la justificación de estos ataques por parte de ciertos discursos estatales actúan como un habilitador ideológico para que civiles descarguen violencia impune sobre identidades disidentes.
Romper la complicidad: el odio no es indiferente
Para las identidades feministas y disidentes que habita el NOA, el caso de Iván y Fran es una dolorosa alerta. No se puede tolerar que la condición o identidad sexual de una persona sea motivo para que su vida corra peligro en pleno microcentro. Exigir la carátula judicial con los agravantes por crímenes de odio y la inmediata detención de la familia Otero no es un pedido de punitivismo ciego; es la exigencia elemental de garantías de supervivencia para nuestras comunidades. El disciplinamiento patriarcal pretende encerrar a las diversidades nuevamente en los placares y en la clandestinidad, pero la respuesta colectiva seguirá siendo ocupar el espacio público con organización, rabia y ternura organizada.
