Las autoridades judiciales y educativas de San Juan avanzan con máxima cautela en la investigación del estremecedor mensaje hallado en la Escuela Carlos María de Alvear, en el departamento de Rawson. Si bien los hechos denunciados en la pared se manejan bajo un estricto marco de hipótesis en potencial, el foco principal de las últimas horas se ha centrado en la velocidad del operativo para identificar, proteger y contener a la presunta víctima de 10 años, evitando a toda costa su revictimización.
Una respuesta inmediata y bajo reserva
Apenas se constató la existencia de la pintada —donde una niña pedía ayuda manifestando un presunto embarazo y señalando a su tío—, el Ministerio de Educación provincial activó un protocolo de urgencia. Gracias al cruce de datos y testimonios en el establecimiento, la alumna habría sido individualizada en tiempo récord.
Esta celeridad resultó clave para dos objetivos fundamentales:
Contención profesional inmediata: De manera inmediata, gabinetes interdisciplinarios compuestos por psicólogos y profesionales de la salud se desplegaron en la institución para brindar asistencia tanto a la menor afectada como a sus compañeros de curso.
Protección absoluta de su identidad: Frente al riesgo de filtraciones en la comunidad o en redes sociales, el abordaje se realizó bajo el más estricto secreto de sumario. La prioridad absoluta de las autoridades locales ha sido resguardar la intimidad de la niña para que el proceso no agrave su vulnerabilidad.
La investigación judicial en curso
En el plano legal, la Unidad Fiscal de Investigación de Abuso y Violencia Intrafamiliar (UFI ANIVI) interviene de oficio.
Al tratarse de una menor de edad, los investigadores recuerdan que todo lo denunciado debe ser tratado de forma preliminar. La veracidad de la situación física de la niña, así como la autoría del presunto abuso intrafamiliar, serían determinadas únicamente a través de las pericias médicas oficiales y la declaración en Cámara Gesell.
Hasta el momento, no se han dictado órdenes de detención, ya que la justicia espera los resultados de estas pruebas científicas y psicológicas para avanzar penalmente sobre el entorno familiar, mientras se analizan de forma paralela las cámaras de seguridad del edificio escolar.
