El fiscal Raúl Garzón sumó el delito de tentativa de abuso sexual a la causa de 2025. Por ese hecho, el exbecario municipal había sido liberado a los 20 días por el fiscal Iván Rodríguez, decisión que desató un escándalo institucional.
La investigación por el brutal femicidio de Agostina Madeleine Vega (14) sumó un giro judicial clave que expone las fallas del sistema preventivo. El fiscal de Instrucción cordobés Raúl Garzón resolvió agravar formalmente la acusación contra Claudio Gabriel Barrelier (34) por el ataque previo cometido en mayo de 2025 en la misma vivienda de barrio Cofico. A la imputación original de privación ilegítima de la libertad calificada, la fiscalía incorporó la figura de abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa.
El acusado, quien actualmente cumple prisión preventiva en el penal de máxima seguridad de Cruz del Eje por el crimen de la adolescente, fue trasladado bajo un estricto operativo a los tribunales de la ciudad de Córdoba para comparecer en una nueva declaración indagatoria. Durante el trámite formal, Barrelier negó los hechos que se le atribuyen y optó por su derecho de abstenerse de declarar ante el magistrado.
El antecedente que pudo evitar la tragedia
El hecho que ahora investiga Garzón con mayor rigurosidad ocurrió en el domicilio de calle Del Campillo al 800. Según el expediente judicial, Barrelier citó en el lugar a una joven de 20 años bajo supuestos engaños económicos. Una vez adentro del inmueble, la amenazó con un arma de fuego, procedió a desnudarla por la fuerza y la maniató utilizando cinta adhesiva con el fin de consumar el ataque sexual que finalmente no logró concretar.
La víctima de aquel episodio logró zafarse de sus ataduras y escapó hacia la vía pública semidesnuda para solicitar auxilio a los vecinos del barrio, lo que derivó en la captura inmediata del agresor. Aquella causa recayó inicialmente en los tribunales cordobeses, marcando el inicio de una cadena de decisiones estatales que quedaron bajo la lupa social y política.
Negligencia judicial y complicidad municipal
La gravedad institucional del caso radica en el trámite que recibió la denuncia original. El fiscal Iván Rodríguez, primer encargado de instruir esa causa en 2025, consideró que no existían riesgos procesales suficientes y le otorgó la libertad a Barrelier tras apenas 20 días de arresto, imponiéndole una fianza económica de 5 millones de pesos. Un año después de recuperar la libertad, el imputado cometió el femicidio de Agostina en el mismo escenario.
La liberación del agresor y el desenlace fatal provocaron un cimbronazo en el Poder Judicial de Córdoba. Actualmente, el fiscal Rodríguez enfrenta un pedido formal de jury de enjuiciamiento para evaluar su destitución por presunto mal desempeño. En paralelo, la Municipalidad de Córdoba quedó en el centro de los cuestionamientos públicos tras comprobarse que Barrelier continuó prestando funciones activas como becario dentro del área de Tránsito local a pesar de sus antecedentes por violencia de género.
Un “emparche” que, además, llega demasiado tarde
Si bien la decisión del fiscal Raúl Garzón de agravar la imputación es correcta y penalmente necesaria, la medida no deja de ser un emparche tardío en un engranaje estatal que funciona mal.
La justicia cordobesa actúa hoy sobre las consecuencias de su propio fracaso. Si el sistema judicial y los mecanismos de control municipal hubieran funcionado como corresponde en 2025, protegiendo a la primera víctima y manteniendo tras las rejas a un agresor de extrema peligrosidad, hoy no estaríamos lamentando la evitable muerte de Agostina.
