El desfinanciamiento de la ciencia, la entrega de recursos mediante el RIGI y el desplome de la producción exponen una lógica de mercado extrema. Detrás del discurso del déficit cero, la industria nacional retrocede y los bienes estratégicos quedan en manos extranjeras.
La reciente ola de despidos y la no renovación de más de un centenar de contratos en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) abrieron un nuevo capítulo en el desmantelamiento del entramado científico y tecnológico de Argentina. Proyectos emblemáticos de la soberanía tecnológica, como el reactor de baja potencia CAREM 25 y el reactor de investigación RA-10, se encuentran paralizados o al borde del colapso operativo. Lo que el Gobierno presenta como un «ordenamiento fiscal necesario» es interpretado por gremios, científicos y sectores de la oposición como una política deliberada de entrega y mercantilización de los bienes comunes.
Un discurso de desprecio por lo nacional
Para los sectores críticos, este proceso de desregulación y privatización masiva no es una simple receta económica. Refleja una profunda desconexión ideológica con la identidad nacional. Quienes denuncian este modelo señalan con insistencia el sesgo en el propio discurso presidencial de Javier Milei. En reiteradas oportunidades, el mandatario ha expresado calificaciones despectivas hacia el funcionamiento institucional del país, definiendo al Estado como una «organización criminal» e incluso desvalorizando el arraigo o las dinámicas de la sociedad argentina.
Desde la perspectiva de la oposición, es imposible defender un país al que se menosprecia conceptualmente. Al caracterizar lo público como un enemigo a destruir, se justifica de manera directa la desarticulación de las herramientas estatales que garantizan el bienestar social y la independencia económica, favoreciendo los intereses globales por encima de los locales.
El desarme productivo: la industria nacional en caída libre
La premisa oficial de que la venta de activos y la apertura irrestricta de los mercados traerían un crecimiento inmediato choca de frente con la realidad territorial. La recesión se profundiza mes a mes, afectando gravemente a las pymes y a las fábricas nacionales.
De acuerdo con los datos de la actividad real del país, los indicadores económicos muestran un escenario alarmante:
• Actividad Industrial: El Índice de Producción Industrial Manufacturero registra caídas consecutivas que superan el 15% interanual. Sectores críticos como la construcción, el sector automotriz y la metalmecánica muestran retrocesos históricos.
• Consumo Interno: La pérdida del poder adquisitivo de los salarios provocó un desplome de más del 18% en las ventas de supermercados y comercios, paralizando el motor del comercio local.
• Capacidad Instalada: Las fábricas argentinas operan actualmente a menos del 55% de su capacidad total. Es un nivel de ociosidad que no se observaba desde las peores crisis económicas de las últimas décadas.
Este desplome productivo destruye puestos de trabajo calificados. Desmiente la promesa oficial de que el ajuste generaría empleo genuino y de calidad para los habitantes del suelo argentino.
Recursos naturales e infraestructura en la mira
El proceso de privatización avanza sobre áreas esenciales para la vida y el desarrollo futuro. Bajo las normativas vigentes, se facilita el acceso extranjero y el control corporativo sobre recursos vitales:
• El Agua y la Minería: La flexibilización de los controles ambientales abre el camino para la explotación intensiva de minerales estratégicos como el litio en el norte del país, con escasas regalías para las provincias y un nulo valor agregado local.
• Las Obras Públicas: La paralización total de la infraestructura federal y los planes para transferir rutas, hidrovías y servicios sanitarios a manos privadas transforman derechos básicos en oportunidades de negocio financiero para corporaciones internacionales.
• El Sector Nuclear y Satelital: Al desfinanciar la CNEA y limitar el desarrollo de ARSAT, el país pierde la capacidad de exportar reactores y tecnología espacial propia, pasando a depender enteramente de la conectividad que vendan las potencias extranjeras.
El impacto territorial del desempleo en los polos nucleares
La pérdida de puestos de trabajo en el sector nuclear golpea de manera directa a los municipios que históricamente funcionaron como «ciudades atómicas». Allí, el entramado científico y la economía local están íntimamente ligados.
Centro Atómico Bariloche (Río Negro)
• Crisis habitacional y salarial: Los profesionales enfrentan un costo de vida altísimo. Con sueldos estatales congelados, el despido o la renuncia forzada empujan a la clase media profesional a la vulnerabilidad económica.
• Fuga de cerebros forzada: Empresas multinacionales asentadas en la región aprovechan el vaciamiento estatal para absorber este talento científico. Ofrecen salarios muy superiores, lo que significa que el conocimiento financiado por el Estado argentino durante décadas termina generando patentes y ganancias para corporaciones internacionales.
• Parálisis académica: El Centro Atómico cobija al prestigioso Instituto Balseiro. Los recortes paralizan laboratorios de alta complejidad y reducen la llegada de estudiantes que dinamizan la economía de la ciudad.
Complejo Atómico Atucha (Lima-Zárate, Buenos Aires)
• Golpe a la construcción: La detención del proyecto CAREM 25 afectó severamente a la zona de Lima y Zárate. Las empresas contratistas locales y el gremio de la UOCRA denuncian la pérdida de miles de empleos indirectos vinculados a la obra civil del reactor.
• Comercios en riesgo: El comercio minorista de Lima depende del poder adquisitivo de los técnicos y operadores de las centrales. El freno a los proyectos nucleares de largo plazo sumerge a estas localidades en la incertidumbre laboral.
Los privilegios corporativos del RIGI
El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), creado mediante la Ley de Bases, otorga un esquema de privilegios fiscales, aduaneros y cambiarios a proyectos extranjeros superiores a los USD 200 millones. Los sectores críticos denuncian que este marco legal formaliza la entrega de la soberanía económica mediante ventajas extraordinarias:
| Tipo de Beneficio | Detalle del Privilegio para Grandes Inversores | Impacto en la Soberanía Nacional |
|---|---|---|
| Impuesto a las Ganancias | Reducción de la alícuota general del 35% al 25%. Amortización acelerada de bienes e infraestructura. | El Estado recauda menos impuestos de las corporaciones más ricas, financiando el beneficio con el ajuste sobre los ciudadanos. |
| Exenciones Aduaneras | Arancel 0% para la importación de maquinaria, bienes de capital y repuestos (nuevos o usados). | Destruye la industria metalmecánica y proveedora local, ya que las multinacionales traen todo desde sus países de origen. |
| Derechos de Exportación | Exención total del pago de retenciones a partir del tercer año de adhesión al régimen. | El país regala sus recursos naturales (litio, gas, minerales) sin que quede renta fiscal directa para caminos o escuelas. |
| Libertad Cambiaria | Disponibilidad del 100% de las divisas de las exportaciones en el exterior a partir del tercer año. No están obligados a liquidarlas en el Banco Central (BCRA). | Las ganancias generadas por el suelo argentino se giran al extranjero, dejando al país sin reservas de dólares para su desarrollo. |
| Estabilidad Normativa | Garantía constitucional y fiscal blindada por 30 años. Las provincias adheridas no pueden aplicar nuevos impuestos. | Ata de manos a los próximos gobiernos democráticos, que no podrán modificar las reglas del juego ambiental o fiscal ante emergencias. |
