El acceso al aborto legal, seguro y gratuito en Argentina atraviesa su momento más crítico desde su aprobación en 2020. Un alarmante informe presentado por Amnistía Internacional Argentina reveló que las consultas y denuncias por obstáculos para acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) se dispararon un 300% durante 2025, exponiendo las consecuencias directas de las políticas de desmantelamiento sanitario implementadas por la gestión de Javier Milei.
El relevamiento detalla que las denuncias formales pasaron de 102 casos en 2024 a un total de 406 en 2025. Esta cifra representa solo la punta del iceberg de un entramado sistemático de barreras institucionales, recortes presupuestarios y desabastecimiento deliberado de insumos esenciales.
Ajuste estatal y medicamentos a precios inaccesibles
El informe de Amnistía Internacional denuncia que el retiro del Estado nacional de sus obligaciones en materia de salud sexual y reproductiva obligó a las personas gestantes a asumir los costos económicos de una práctica garantizada por la Ley 27.610.
La organización detectó situaciones alarmantes en todo el territorio:
- Desabastecimiento federal: Más de la mitad de las provincias argentinas reportaron faltantes críticas de misoprostol, mientras que casi la totalidad del país registró desabastecimiento de mifepristona, el esquema combinado recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para abortos seguros.
- Privatización de un derecho: En múltiples centros de salud públicos se notificó a las usuarias que debían comprar la medicación de forma particular. Los costos de los fármacos alcanzaron los $300.000 pesos, obligando a mujeres en situaciones de vulnerabilidad a considerar préstamos o endeudamientos graves para no poner en riesgo sus vidas.
- Línea 134 saturada: Durante 2025, la línea oficial de salud sexual del Ministerio de Salud de la Nación registró al menos 191 llamados desesperados debido a la falta total de insumos en los hospitales.
Salta: el epicentro del desamparo
La fragmentación del sistema de salud generó que el acceso a la IVE dependa exclusivamente de la capacidad presupuestaria y la voluntad política de cada jurisdicción. El informe identifica a la provincia de Salta como el caso más crítico del mapa nacional, concentrando casi el 50% de las denuncias totales por falta de insumos en el país.
“Cuando el acceso queda sujeto a la capacidad de cada jurisdicción, las mujeres y personas gestantes en situación de mayor vulnerabilidad quedan más expuestas a abortos inseguros y a riesgos para su salud y su vida”, advirtió Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Defender el territorio conquistado
La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo cumplió cinco años de vigencia en diciembre de 2025. Según los últimos registros oficiales disponibles, entre 2021 y octubre de 2023, un total de 245.015 personas lograron acceder a abortos seguros dentro del sistema de salud.
Sin embargo, desde la asunción de la gestión de La Libertad Avanza, las organizaciones feministas y las redes de profesionales de la salud denuncian un hostigamiento político constante que busca reinstaurar la clandestinidad por la vía del desfinanciamiento. Ante un Estado nacional que deserta de sus funciones, la marea verde se reorganiza en las calles y las redes para exigir la provisión inmediata de medicamentos y defender un derecho humano básico que no se va a negociar.
