El proyecto de reforma de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, impulsado en el Senado por el oficialismo de La Libertad Avanza, encendió las alarmas en el sector profesional. Las psicólogas Camila Marcó del Pont y Victoria Barone, columnistas del programa radial “Las Brujas que Salem”, analizaron el impacto de la iniciativa y advirtieron sobre el peligro inminente de un «retroceso de millones de años» que reinstauraría la lógica manicomial en la Argentina.
Un cambio de paradigma bajo amenaza
Para comprender la gravedad de la reforma, Marcó del Pont recordó que la sanción de la ley original en el año 2010 demandó un esfuerzo histórico: «Implicó un recorrido por parte de los trabajadores de la salud mental para poder empezar a reconocer a todas aquellas personas que tenían algún tipo de padecimiento psíquico como sujetos de derecho».
Antes de ese hito, el panorama asistencial era devastador. «Cualquier persona que tenía un padecimiento de salud mental y quedaba internado en un hospital psiquiátrico, sufría un montón de vulneración de derechos, estamos hablando de internaciones de entre 15 y 20 años», contrastó la especialista.
La psicóloga explicó que el modelo previo al 2010 fallaba al aislar el problema del entorno del paciente: «Se olvidaba que la salud mental implica entender a la salud como un proceso en donde se ponen en juego diferentes factores sociales, históricos, contextuales». Aquella legislación trajo un cambio de paradigma esencial tanto para quienes sufren un padecimiento como para los propios efectores del sistema, permitiendo «empezar a reconocer a diferentes trabajadores de la salud mental, que no son solamente los psiquiatras, sino que están los psicólogos, los trabajadores sociales, los terapistas ocupacionales, los AT (acompañantes terapéuticos)».
El peligro de mirar al pasado
La propuesta del Poder Ejecutivo —que propone flexibilizar internaciones involuntarias, revalidar el rol de los neuropsiquiátricos y quitar peso a los abordajes colectivos— fue calificada por las columnistas como una vuelta a un pasado oscuro que ya contaba con el rechazo social.
Victoria Barone fue categórica al respecto:»Volver a esa lógica es pensar en millones de años ya hacia atrás, que hemos avanzado en relación a eso, y por qué no pensar hacia adelante (…). ¿Por qué volver hacia atrás, con algo que ya habíamos partido totalmente, algo distinto?».
Marcó del Pont sumó un análisis espacial y práctico sobre lo que significaba el viejo modelo de exclusión y el daño irreversible del encierro prolongado: «Era un sistema que segregaba totalmente a las personas que tenían algún padecimiento. Ustedes piensen dónde están ubicados, por ejemplo, los hospitales psiquiátricos, en las afueras de las ciudades, para que aquellas personas (…) queden totalmente por fuera de lo que tiene que ver con lo social». Añadió que tras décadas de aislamiento, la reinserción se vuelve casi imposible: «Imagínate estar 15 años internado, después volver a la sociedad, volver, por ejemplo, a saber manejar dinero, a tomarte un micro, a socializar con gente, a cocinar, son un montón de actividades de la vida diaria que se van perdiendo y que la ley de salud mental venía a regularizar eso».
Barone coincidió en que el escenario de hace 16 años era distinto, pero advirtió sobre el trasfondo ideológico de la reforma oficialista: «Me parece que esta reforma que plantea el Poder Ejecutivo tiene que ver con qué sistema de salud queremos, si queremos un sistema de salud que vulnere derechos, o si queremos pensar en un sistema de salud que contemple la salud mental como parte de la salud general y que además empiece a garantizar más derechos en vez de quitar esos derechos».
Los puntos más polémicos: manicomios, jueces y psiquiatría
Al desglosar los ejes más críticos del proyecto de La Libertad Avanza, Barone identificó el retorno a la hegemonía médica y judicial por sobre el abordaje interdisciplinario: «El punto más polémico es darle por ahí solo importancia a lo que diga un juez o un psiquiatra, cuando algo que se fue formando por suerte a raíz del cambio es hablar más de un equipo interdisciplinario, darle más visibilidad por ahí a la situación, no sólo de un profesional o simplemente esto como era antes para encerrarlo, para quitar el problema» .Para las profesionales, debilitar el «enfoque comunitario» y prescindir de miradas integrales de psicólogos, terapistas ocupacionales, sociólogos o médicos generales atenta contra la pluralidad necesaria para abordar cada caso. «Quieren volver un poco a esta idea de formar de vuelta instituciones más parecidas a lo que eran los manicomios y sobre todo las internaciones involuntarias, donde ya no tenga tanto poder o la voz de quien lo está por ahí padeciendo, sino más bien esto que decía: bueno, hay una problemática directamente que se encierra a la persona y bueno, se encárguese después», alertó Barone. A su vez, desnudó los motivos financieros que subyacen a la reforma de la administración actual: «Es que eso incluso para ellos es… hay un factor económico ahí, bueno, termina siendo más barato encerrar a las personas que terminar creando todas las redes comunitarias. Es esconder el problema».
Desinformación oficial y el verdadero problema: el presupuesto
Finalmente, Marcó del Pont desmintió los argumentos del Gobierno, que justifica la reforma alegando que la ley vigente traba los mecanismos de urgencia: «Hay mucha desinformación en relación a la ley de salud mental, porque el gobierno argumenta o justifica esta reforma porque dice que la ley de salud mental primero no contempla las internaciones involuntarias y que esta reforma implicaría también una respuesta más rápida».La psicóloga aclaró que la ley actual regula de manera estricta las internaciones en sus artículos 6 y 7, habilitando la vía involuntaria pero cuidando que «no sean la primera respuesta como sucedía antes, porque no es la primera respuesta nunca (…). Vos vas al médico y por ejemplo, no sé, te duele la panza o algo, no es que el médico te dice, bueno, internación. No, sino que se empiezan a descartar otras enfermedades, se prioriza un tratamiento ambulatorio, la internación es la última instancia porque implica estar en un hospital donde no está buena, donde la pasas mal, donde estás aislado».
Frente a la intención del Ejecutivo de acelerar los internamientos reduciendo la consulta a una sola firma médica, Marcó del Pont concluyó que se regresa «a un modelo de medicalización y de patologización de la salud mental que no está bueno y que además para mí tapa un montón de cuestiones que tienen que ver con lo estructural, que tienen que ver por ejemplo con el presupuesto». La especialista aportó cifras contundentes que demuestran que la ley actual nunca fracasó por su texto, sino por el desfinanciamiento estatal crónico: «La ley de salud mental estipula que tiene que destinarse el 10% del presupuesto en salud, durante el año 2026 solamente se designó un 1,42% y en los últimos 10 años un 2,66%, o sea, no se cumple la ley de salud mental pero porque tampoco hay presupuesto».
La radiografía del sistema: Las estadísticas de los monovalentes en Argentina
A pesar de la meta de «cierre y sustitución total» fijada por la Ley 26.657, el mapa de la salud mental en Argentina muestra la persistencia estructural del modelo asilar debido a la falta de inversión en la red comunitaria.
Según datos del Primer Censo Nacional de Personas Internadas en Motivos de Salud Mental:
Instituciones activas: Coexisten todavía más de 160 instituciones monovalentes en el país (tanto públicas como privadas).
Población alojada: Se registran más de 12.000 personas internadas en estos neuropsiquiátricos.
El factor tiempo: El promedio de tiempo de internación detectado es de 2,7 años, pero la cifra se dispara alarmantemente a un promedio de 7,1 años dentro del subsector público.
Abandono social: Más de una cuarta parte de los pacientes censados permanecen internados exclusivamente por factores de vivienda o problemas socioeconómicos, y no por criterios estrictamente clínicos o sanitarios.
Escuchá la nota completa en Radio Trinchera:
