La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito (Conurbano Norte) junto a Amnistía Internacional Argentina han lanzado una grave advertencia sobre la situación de la salud reproductiva en el municipio bonaerense de San Isidro.
Las organizaciones denuncian que la gestión del intendente Ramón Lanús puso en marcha un protocolo institucional interno diseñado específicamente para hostigar a las gestantes y obstaculizar el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), vulnerando de forma directa la Ley Nacional 27.610.
Para visibilizar la gravedad de la situación y presentar las pruebas del caso, se convocó a una conferencia de prensa urgente este miércoles 17 de junio a las 10:00 h.
El encuentro tendrá lugar en la sede de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), ubicada en Av. Centenario 422, primer piso, en San Isidro.
La convocatoria cuenta con el respaldo de profesionales de la salud, sindicatos, docentes, concejalas y una amplia red de organizaciones feministas y de derechos humanos.
El Municipio admitió la existencia del circuito ante la Justicia
La trama detrás de estas maniobras salió a la luz tras una acción judicial iniciada por Amnistía Internacional.
En el marco de ese proceso, las autoridades de la Municipalidad de San Isidro tuvieron que reconocer formalmente la existencia de dicho protocolo.
Este reconocimiento oficial descarta la hipótesis de «casos aislados» o de la acción individual de profesionales objetores de conciencia.
Por el contrario, confirma una directiva institucional planificada desde la cúpula municipal para alterar y entorpecer el circuito de atención médica obligatoria en los efectores de salud locales.
“La legalidad de ese protocolo y su compatibilidad con la Ley Nacional 27.610 deberán ser objeto de control judicial. Las barreras en el acceso al aborto pueden vulnerar derechos, comprometer a profesionales de la salud en conductas contrarias a sus deberes legales e incluso generar responsabilidad penal para el municipio”, advirtieron desde las organizaciones convocantes.
Escarpines, muñecos y culpa: Las alarmantes denuncias de las pacientes
Las irregularidades en el distrito no son nuevas. De acuerdo con datos recopilados por Amnistía Internacional Argentina, las alertas e información coincidente sobre maltratos comenzaron a escalar de manera sistemática.
Una investigación periodística publicada por CNN Argentina recopiló crudos testimonios de mujeres que detallan el calvario burocrático y psicológico sufrido en las consultas médicas, especialmente dentro del Hospital Materno Infantil de San Isidro.
Lucila Galkin, directora de Género y Diversidad de Amnistía Internacional Argentina, detalló las maniobras de manipulación psicológica e institucional a las que son sometidas las pacientes:
Presión y persuasión material: Entrega de escarpines y pañales durante las consultas de orientación de interrupción del embarazo.
Desinformación médica: Exageración médica intencional sobre presuntos riesgos del procedimiento e inducción forzada hacia la adopción.
Ataques psicológicos: Utilización de discursos de culpa, afirmando falsamente a las pacientes que «existen mujeres que se suicidan después de abortar».
Acoso con simbología religiosa: Irrupción de personas ajenas a la consulta para entregar figuras de la virgen o exhibición forzada de muñecos con forma de fetos avanzados.
«Todas estas conductas son sumamente invasivas, coercitivas y graves. Violan el trato digno, los derechos del paciente y, por supuesto, la autonomía reproductiva», sentenció Galkin.
La respuesta oficial: El argumento de la «atención integral»
Ante la contundencia de las pruebas y la gravedad de las denuncias, la Secretaría de Salud del municipio de San Isidro emitió un descargo formal. Sin embargo, la respuesta institucional evitó referirse a las acusaciones de coerción psicológica y justificó el despliegue del personal en los centros sanitarios.
«En cumplimiento con la ley, en San Isidro trabaja un equipo de consejería en derechos integrado por profesionales: obstetras, ecografistas, psicólogos, enfermeras, abogadas y voluntarias», señalaron desde la cartera que responde a Ramón Lanús. Según la versión oficial, este esquema simplemente «brinda una atención integral y acompañamiento a todas las madres embarazadas, sea cual fuera la decisión que tomen amparadas por la ley».
La controversia escalará en el ámbito de los tribunales bonaerenses, donde la Justicia deberá determinar si este protocolo municipal constituye una violación deliberada a una ley nacional de salud pública y si el intendente y sus funcionarios incurrieron en delitos penales al vulnerar los derechos humanos fundamentales de las mujeres y personas gestantes de la región.
