La Corte Suprema dejó firme la perpetua para el femicida de Candela Sol Rodríguez. Tenía 11 años cuando la secuestraron y asesinaron en 2011. Que el Poder Judicial tarde una década y media en cerrar un expediente no es justicia; es una estrategia de desgaste que garantiza la desprotección de las infancias y el amparo del poder mafioso.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó el punto final administrativo para un tramo del caso Candela Sol Rodríguez. Con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Manuel García-Mansilla, el máximo tribunal rechazó los recursos de queja de las defensas y dejó firmes las condenas dictadas en 2017: prisión perpetua para Hugo Elbio Bermúdez (autor material) y cuatro años para Gabriel Fabián Gómez (partícipe secundario).
A primera vista, los portales hegemónicos hablarán de «justicia». Desde una perspectiva feminista y de derechos humanos, lo que expone este fallo es una obscenidad temporal. Candela tenía 11 años cuando fue secuestrada y asesinada en Villa Tesei en agosto de 2011. El Estado argentino tardó casi 15 años en otorgar una sentencia firme. Una década y media en la que el sistema judicial funcionó como un laberinto burocrático diseñado para dilatar la verdad, desgastar a la familia y proteger los entramados de poder que costaron la vida de una niña.
El tiempo como herramienta de impunidad patriarcal
Cuando la justicia penal opera con estos plazos, se convierte en cómplice por omisión. Tardar 15 años en resolver un femicidio infantil no es un problema de «agenda sobrecargada»; es una decisión política sobre qué cuerpos importan y cuáles pueden esperar en los pasillos de los tribunales.
Durante este tiempo, la causa atravesó todas las fases de la descomposición judicial:
- Instrucciones viciadas y pistas falsas: Los primeros meses de la investigación, comandados por el fiscal Marcelo Tavolaro y la cúpula de la Policía Bonaerense, consistieron en armar un show mediático persiguiendo chivos expiatorios —como el carpintero Ramón Altamirano— basados en testigos de identidad reservada plantados para desviar la atención.
- Encubrimiento y complicidad estatal: El Senado bonaerense tuvo que crear una comisión especial para auditar el desastre investigativo. Allí quedó asentado lo que el feminismo territorial denunció desde el primer día: la policía y las fiscalías de la zona oeste del conurbano no buscaban a Candela porque estaban ocupadas encubriendo las redes de narcotráfico y piratería del asfalto que operaban en San Martín y Hurlingham. El secuestro de una niña de 11 años fue utilizado como un «vuelto» o mensaje mafioso entre bandas protegidas por las propias fuerzas de seguridad.
Una condena firme que llega tarde
El Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de Morón dictó las sentencias condenatorias en septiembre de 2017. Desde ese momento, el expediente durmió el sueño de los justos en la Cámara de Casación, en la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y, finalmente, en los cajones de la Corte Suprema de la Nación.
Mientras los jueces supremos deliberaban si un recurso de queja era técnicamente «admisible», el entramado de fondo siguió impune. El juicio a los presuntos autores intelectuales —como el capo narco Miguel Ángel «Mameluco» Villalba— y a los jefes policiales sospechados de desviar la causa se transformó en un goteo judicial eterno.
Llegar a una condena cuando la víctima ya no está, cuando su madre tuvo que soportar quince años de revictimización mediática y judicial, y cuando el contexto territorial que permitió el crimen sigue intacto, no es reparar; es archivar un problema.
Exigimos una reforma judicial feminista urgente
El caso Candela es el espejo donde se mira un Poder Judicial que carece por completo de perspectiva de género y de niñez.
El tiempo de la justicia patriarcal es un tiempo cruel: rápido para criminalizar a las mujeres en situación de vulnerabilidad y exasperantemente lento para condenar a los violentos y a los mafiosos con chapa estatal.
Cerrar el expediente de Bermúdez y Gómez no limpia la negligencia de un sistema que entregó la vida de Candela. Exigimos una reforma judicial feminista que desarme los nichos de complicidad policial-judicial, que penalice a los funcionarios que dilatan las causas y que entienda, de una vez por todas, que una justicia que tarda 15 años es, fundamentalmente, injusticia.
