Hace apenas horas el empleado de un edificio impidió que una periodista tucumana se suicidara arrojándose desde la terraza.
Se trata de la mujer que en marzo de 2024 se presentó a la justicia para denunciar que cuatro ex jugadores de Vélez la habían violado, causa que sigue estancada en los tribunales.
La situación que atraviesa una mujer luego de semejante ataque sigue resultando muy cruento, no sólo por las instancias de victimización que se dan y los tortuosos momentos que deben volver a atravesar sino, por la situación general en el país en donde el propio presidente asegura que la “violencia de género” no existe. Además el mismísimo ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona apoya con mucho énfasis a la senadora radical de la provincia de Santa Fe, Carolina Losada en un proyecto de ley- que ya fue aprobado por la Comisión de Justicia y Asuntos Penales y está listo para pasar al Senado- que propone aumentar las penas por falsas denuncias.
Todo este contexto de misoginia y falta de confianza en la justicia es un caldo de cultivo para las víctimas que, a pesar de tomar la decisión de exponerse sienten un clima más que hostil hacia ellas por el simple hecho de ser “mujeres”
La situación de la periodista tucumana se complicó con una justificada situación emocional crítica ya que la causa no se eleva a juicio, a pesar del tiempo transcurrido.
Con apenas 24 años había recurrido a la justicia afirmando haber sido víctima de una violación en grupo por parte de los ex jugadores Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Florentín.
Todo había ocurrido cuando Sosa le habría contactado por Instagram pidiéndole encontrarse en un hotel. Ella accedió a hacerlo y al llegar a la habitación 407 se consumaron las violaciones sin su consentimiento.
La modalidad fue hacerla beber y doblegar su voluntad para violarla, a pesar de que ella se resistió todo el tiempo.
Como suele ocurrir en este tipo de hechos una de las partes, en este caso el ex jugador José Florentín presentó una contra denuncia por falso testimonio.
La causa está en manos de la fiscal Adriana Reinoso Cuello. Hasta el momento, el expediente no fue elevado a juicio. Los imputados permanecen en libertad y continúan con sus actividades deportivas, luego de que Vélez rescindiera sus contratos tras la denuncia inicial.
Pese a que existen como piezas de investigación los testimonios de la denunciante y extractos de chats privados entre ella y algunos acusados, no se registran resoluciones definitivas ni fechas de juicio.
En tiempos libertarios y de disciplinamiento hacia las mujeres el proyecto de denuncias falsas que propone reformar el Código Penal para aumentar las penas por “falsa denuncia”, “falso testimonio” y “encubrimiento” en causas de: violencia de género, delitos sexuales y niños, niñas y adolescentes, es un alivio para los violentos y pedófilos y un motivo más para las mujeres para no denunciar.
Además el proyecto no se basa en evidencia ni datos confiables, porque refuerza prejuicios históricos como: “si no hay pruebas, entonces mintió”, porque puede intimidar a víctimas, testigos, peritos y profesionales, y desalentar la denuncia.
Las denuncias falsas son muy poco frecuentes: Según ONU Mujeres (2024), representan menos del 1% a nivel global.. En Argentina, no hay estadísticas oficiales, pero los estudios disponibles muestran que menos del 3% de todas las denuncias penales serían falsas, en su mayoría por delitos económicos.
Lo que sí abunda es el silencio: una de cada dos mujeres sufrió violencia por parte de su pareja, solo una de cada cuatro mujeres que sufre violencia de pareja denuncia, apenas el 18% de las víctimas de femicidio había hecho una denuncia previa y menos del 5% contaba con medidas de protección vigentes.
Según la Encuesta Nacional de Victimización del INDEC en 2017, entre los delitos violentos, el menos denunciado es la ofensa sexual, con una tasa de denuncia del 12,5%. Es decir, el 88% de quienes lo sufrieron no denunciaron.
Si este proyecto se aprueba menos personas se animarán a denunciar, menos testigos se atreverán a declarar y más víctimas enfrentarán represalias judiciales por atreverse a hablar
