Reportar Regional: cuando la corrupción es violencia de género

 

Poder Ciudadano presentó los datos del Primer Observatorio Regional de Corrupción Sexual “Reportar” relevando 430 casos de este tipo de delitos en cinco países de América Latina y Caribe.

Durante la  1° Asamblea 2026 del Foro Permanente de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas Anticorrupción, Poder Ciudadano presentó los resultados de «Reportar Regional», fruto del trabajo conjunto con los capítulos de Transparencia Internacional de Chile, Colombia, Ecuador, Honduras y Perú.

El evento de presentación contó con la participación de la Vicepresidenta de Transparencia Internacional, Ketakandriana Rafitoson y referentes de Chile Transparencia, Corporación Transparencia por Colombia, Fundación Ciudadanía y Desarrollo (Ecuador), ASJ (Honduras) y Proética (Perú) que dieron cuenta de la importancia de contar con esta información de manera pública, estandarizada y con anonimización que proteja a las víctimas.

Lo que comenzó en 2024 como una base de datos local para Argentina —con el apoyo la Embajada de Suiza—, es hoy una herramienta regional robusta. Gracias al actual apoyo de la Unión Europea y de Transparencia Internacional, el Observatorio incorporó tecnología de Power BI para procesar información estandarizada bajo una metodología única, permitiendo visibilizar el «rostro» de las víctimas y las tendencias de este delito a nivel nacional, provincial y municipal en seis países de la región. Este primer relevamiento regional recogió un total de 430 casos de corrupción sexual.

 

Argentina: Una cifra que no deja de crecer

Los datos locales son alarmantes. En apenas un año, el registro en nuestro país ascendió de una cifra inicial de 82 reportes en marzo de 2025 a 187 casos relevados en la actualidad. El perfil del delito es claro y sistemático:

-Las víctimas: 9 de cada 10 son mujeres y un 2% pertenecen al colectivo travesti-trans.

-Los agresores: El 99% son varones

-El ámbito: 6 de cada 10 casos ocurren en el sector público laboral. Agentes estatales varones exigen prácticas sexuales a cambio de estabilidad laboral, ascensos o para evitar despidos.

-Impunidad y armas: dos datos que agravan el panorama: el 43% de los agresores atacó a más de una víctima; mientras que un 42% del total tiene acceso a armas.

 

En la totalidad de los casos se evidenció el ejercicio de violencia sexual y psicológica; un 9% de los casos relevados implicó violencia física y en 1 de cada 4 ocasiones se detectó violencia económica.

La prevalencia del tipo de conducta muestra, en el siguiente gráfico, los riesgos que enfrentan mujeres y diversidades, no sólo en el marco del empleo público sino en el ejercicio de derechos de ciudadanía, al entrar en contacto con agentes estatales en nuestro país.

 

 

El panorama regional: Silencio y disparidad

Si bien la corrupción sexual es una realidad en toda la región, su presencia en la agenda periodística varía drásticamente, lo que sugiere un preocupante subregistro en ciertos países. Así se relevaron 86 casos en Colombia, 64 en Perú, 63 en Chile, 17 en Honduras y solo 13 en Ecuador.

A nivel regional los datos tienen muchas similitudes con el caso argentino: las mujeres son las principales víctimas (91%) y los hombres los principales agresores (99%). Considerando el total de los países aumenta la proporción de los hechos a nivel de los gobiernos nacionales (40%) frente al provincial (38%). El número de agresores que atacaron a más de una víctima se eleva a 51% mientras que la cantidad que poseen armas se reduce a un 32%.

Mientras que Chile (73%) y Argentina (66%) los delitos se concentran en el ámbito laboral estatal, en el resto de los países la corrupción sexual tiene más posibilidades de afectar a mujeres y LGBTIQA+ al momento de ejercer sus derechos: 69% de los casos de Ecuador, 56% de los casos de Colombia, 53% en Honduras y 52% en Perú.

Finalmente, al ser casos relevados por los medios de comunicación, se registra que en 9 de cada 10 casos a nivel regional se realizó algún tipo de denuncias. Sin embargo, estos datos nada dicen del efectivo acceso a la justicia de las víctimas y muy poco acerca de las sanciones a los agresores.

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