El 28 de febrero vence el mandato de la defensora de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (NNyA), Marisa Graham. Su reemplazo debería haberse elegido por concurso público a partir de la conformación de una comisión bicameral, pero el Senado nunca designó a sus integrantes. En poco más de un mes, el organismo que resguarda a las infancias quedará acéfalo. Para tratar de evitarlo, el colectivo Infancia en Deuda y otras organizaciones sociales presentaron un amparo contra el Congreso.
“La acefalía de la Defensoría implica que perderá su capacidad de continuar e iniciar nuevos juicios y de realizar acciones e intervenciones en defensa de los derechos de la infancia”, advirtió Infancia en Deuda, junto a Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Equipo Latinoamericano de Justicia y Género Asociación Civil (ELA), la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) y la Fundación Sur Argentina, en conjunto con Poder Ciudadano y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Mediante un comunicado, resaltaron que “el amparo y su medida cautelar tienen por objeto asegurar el funcionamiento de la Defensoría de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como institución fundamental para la promoción y protección de sus derechos”.
La presentación judicial apunta en dos sentidos: por un lado, que el Senado nombre a las y los integrantes que faltan para constituir la Comisión Bicameral encargada de la celebración del concurso público para cubrir el cargo de Defensor o Defensora. Para que se designe a las nuevas autoridades lo antes posible. Por otro lado, se pide que mientras tanto se garantice el normal funcionamiento de la Defensoría, “a fin de evitar daños irreparables a las niñas y los niños. Por eso, el escrito demanda cautelarmente la designación de una (o más) personas idónea/s para ejercer las funciones de la Defensoría de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes desde el cese del mandato de la Defensora y hasta que se nombre una nueva autoridad conforme a la ley vigente”.
El rol del Defensor es, ni más ni menos que el de velar por la protección y promoción de sus derechos consagrados en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño y las leyes nacionales.
La Defensoría funciona de manera independiente, autónoma, autárquica y federal para garantizar y monitorear que no se vulneren los derechos de NNyA. Actúa mediante la interposición de reclamos judiciales y/o administrativos, la supervisión y el sometimiento a auditoría de todo el Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la recepción de reclamos.
Su puesta en funcionamiento tomó casi 15 años: se logró recién en 2020. En 2025, a dos décadas de la sanción de la ley, el organismo corre peligro. Más aún, bajo un Gobierno Nacional que se vanagloria de achicar el Estado.
