El juicio oral a Juan Ignacio Buzali entró en su tramo decisivo en los tribunales penales de La Plata.
En los alegatos, el bloque acusatorio pidió penas de hasta 8 años de prisión para el exmarido de la funcionaria libertaria Carolina Piparo por el atropello a dos motociclistas ocurrido durante la madrugada del 1° de enero de 2021 en el barrio La Loma.
El primero en exponer fue el fiscal de juicio Juan Pablo Caniggia, quien tras analizar la prueba producida durante el debate mantuvo la acusación por intento de homicidio y solicitó una condena de 6 años de prisión de efectivo cumplimiento.
Luego fue el turno de los abogados de las víctimas, que endurecieron el pedido de pena. Tanto Martín De Vargas como Axel Hurtado reclamaron que Buzali sea condenado a 8 años de cárcel.
La defensa, en cambio, sostuvo que no existen pruebas suficientes para sostener la acusación y pidió la absolución del imputado. El propio Buzali tuvo la última palabra antes de que los jueces se retiraran a deliberar y expresó: «Pido perdón, si cometí algún error fue sin intención».
La fecha en la que se conocerá el veredicto será informada por el Tribunal en los próximos días.
El abogado Martín De Vargas, representante legal de Luis Lavalle, uno de los jóvenes atropellados. Su exposición fue una de las más extensas de la jornada y apuntó a demostrar que el accionar de Buzali fue intencional.
El letrado sostuvo que el acusado actuó con «dolo», es decir, con intención de causar el daño, y calificó el impacto como un «artero embiste». A esos argumentos sumó otros agravantes como la nocturnidad, el abandono de las víctimas tras el choque y lo que definió como un «desprecio por la vida». Con ese análisis, De Vargas pidió una condena de 8 años de prisión.
Luego alegó el abogado Martín De Vargas, representante legal de Luis Lavalle, uno de los jóvenes atropellados. Su exposición fue una de las más extensas de la jornada y apuntó a demostrar que el accionar de Buzali fue intencional.
El letrado sostuvo que el acusado actuó con «dolo», es decir, con intención de causar el daño, y calificó el impacto como un «artero embiste». A esos argumentos sumó otros agravantes como la nocturnidad, el abandono de las víctimas tras el choque y lo que definió como un «desprecio por la vida». Con ese análisis, De Vargas pidió una condena de 8 años de prisión.
El último en alegar por el bloque acusatorio fue Axel Hurtado, abogado de Iván Coronel, el otro joven que viajaba en la motocicleta embestida.
Durante su exposición afirmó que Buzali actuó con «desaprensión por la vida humana» y cuestionó con dureza el accionar estatal posterior al episodio.
En ese sentido recordó que tras el choque el acusado y Piparo se refugiaron en el control policial de 12 y 54, donde -según señaló- se desplegó una rápida asistencia oficial para ellos.
«El Estado los asistió con la presencia del entonces titular de la comisaría Primera de La Plata que estaba en Arana con su familia y en cinco minutos se puso el uniforme y estaba en el lugar; con la presencia del secretario de Seguridad Darío Ganduglia y del secretario de Salud Enrique Rifourcat», enumeró.
Y remarcó: «Todos asistiendo a ellos y ningún recurso para las víctimas, para los heridos».
Hurtado también solicitó una condena de 8 años de prisión y pidió además que se revoque la excarcelación extraordinaria de la que goza actualmente el acusado.
Por su parte la defensa del acusado a cargo de Hugo Pinto centró su estrategia en cuestionar la calidad de la investigación y en remarcar el principio de presunción de inocencia.
Para sustentar su planteo, citó jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sostuvo que las pruebas reunidas en el expediente no permiten afirmar que el acusado haya tenido intención de matar.
Pinto apuntó, además, contra el accionar policial durante las primeras horas de la investigación. Según señaló, la escena del hecho no fue debidamente preservada y tampoco se realizó un relevamiento completo de rastros. «No se resguardó la escena y no hay relevamiento de rastros», sostuvo
El defensor también cuestionó los testimonios escuchados durante el juicio y afirmó que muchos de los testigos «están confundidos» o brindaron relatos contradictorios.
Para la defensa, el episodio debe ser considerado una «desafortunada conducta negligente», pero de ningún modo un intento de homicidio. «El argumento, la conjetura, no reemplaza a la prueba», remarcó el abogado al cerrar su alegato.
Tras los alegatos de las partes, el tribunal le dio la palabra a Juan Ignacio Buzali para que pronunciara sus últimas palabras antes de la deliberación. El acusado se dirigió brevemente a los jueces y expresó: «Pido perdón, si cometí algún error fue sin intención».
