Luego de varias dilaciones por presentaciones de la defensa finalmente tiene nueva fecha de juicio en Salta el caso que tiene como imputado al cura Carlos Fernando Páez en Salta.
El cura está imputado por abuso sexual simple doblemente agravado por haber sido cometido en su rol de ministro de culto reconocido y encargado de la educación. Quien lo denunció en julio de 2019 es el ex seminarista Kevin Montes quien decidió hacer pública su identidad y relató los hechos de abuso cometidos en su contra entre 2015 y 2017.
Tras la suspensión del año pasado, la fiscalía informó que el sacerdote será juzgado desde el 21 al 24 de octubre. El Tribunal que lo juzgará será el de la Sala I de Tartagal, integrado por Ricardo Martoccia, Aníbal Burgos y Soledad Rodríguez.
Kevin Montes se haya actualmente residiendo en Córdoba y se le notificó que debería declarar por zoom ya que por el recorte Mileísta a la Justicia no podrían costearle los pasajes para que declare en Salta. En este sentido Montes aseguró: «Me dijeron que por la crisis económica que atraviesa el país, estaba la opción de que declarara de modo virtual. Y a mí en lo particular no me parece, por cómo se dio todo el proceso desde el inicio y por todo lo que fue pasando, todo lo que fue polémico y sucio en algunos casos, no me siento seguro y no siento que estén las garantías puestas si yo tengo que declarar virtualmente»
El periodista y referente en Salta del Instituto Laico de Estudios Contemporáneos- Filial Salta, Fernando Climent reveló que el abogado del cura es Aldo Hernández, papá del intendente de Tartagal Franco Hernandez berni y que fue “pagado por el propio Vaticano”
Dijo también que «es un juicio que viene mal parido desde el principio». En primer lugar, recordó que «cuando se presenta la denuncia en 2019 ponen una fiscala que resultó ser catequista del cura acusado», en referencia a Lorena Martínez. Después, a raíz de esa «contradicción», se le asignó la causa al fiscal Pablo Cabot, quien «al mes» siguiente se casó con Martínez, a quien la víctima conocía además como amiga de Páez.
Climent recalcó que al comienzo del trámite de la causa no se le informaron los tiempos procesales a la víctima, y recién desde la fiscalía comenzaron a tener diálogo con el joven cuando las organizaciones de la sociedad civil que lo acompañan realizaron presentaciones por escrito exigiendo «que lo reciban y le brinden toda la información que una víctima necesita». Además, el juicio estaba previsto para mayo de 2023 y por presentaciones de la defensa lo suspendieron hasta esta nueva fecha, que se asignó para octubre de 2024.
Debido a las dudas que tenía la víctima sobre la objetividad de Cabot se conformó durante la investigación una unidad especial integrada por este fiscal y también por representantes de las unidades de delitos contra la integridad sexual, Sergio Obeid y Cecilia Flores Toranzos, de la capital salteña. Esta fiscala fue designada jueza a mediados del año pasado y dejó de intervenir, en su lugar asumió otra fiscala. Aún no se informó si el Ministerio Público enviará fiscales capitalinos al juicio.
Desde la Unidad Fiscal señalaron que los elementos colectados en la investigación penal preparatoria «revelan que el relato del denunciante no es aislado y desprovisto de sustento, sino que se corresponde con las manifestaciones de testigos que ocuparon roles diversos en la iglesia donde se desempeñaba el acusado, que dan cuenta de un modus operandi desplegado por parte del religioso».
Está previsto además que en el juicio declare otro joven, que es testigo de identidad reservada, y que manifestó haber sido víctima de abuso sexual del cura cuando tenía entre 15 y 16 años.
Con respecto a sus funciones religiosas el obispo de Orán, Luis Scozzina, suspendió en 2022 de forma cautelar a Páez del ejercicio «público» del ministerio del sacerdocio y también dispuso que no siguiera viviendo en la Parroquia Nuestra Señora de la Merced, de localidad de La Unión, en el departamento Rivadavia, hasta que se resuelva su situación procesal.
