La “libertad de expresión” tiene su límite para el gobierno libertario quien no permitió el ingreso a la Sala de Prensa a periodistas que estaban acreditados, basando la decisión en que ellos o sus medios participaron de una campaña “rusa” contra el gobierno de Javier Milei.
En realidad hace unos días, una investigación internacional basada en documentos filtrados reveló una presunta operación rusa para influir en medios argentinos y desacreditar al gobierno.
Según ese trabajo, una red rusa denominada “La Compañía” habría desplegado durante 2024 una estrategia de influencia en Argentina con el objetivo de erosionar la imagen del Gobierno de La Libertad Avanza en el plano interno y afectar su posicionamiento internacional.
De acuerdo con los documentos analizados, entre junio y octubre de 2024 la organización habría presupuestado unos 283.000 dólares para financiar la publicación de al menos 250 artículos críticos en más de 20 medios digitales argentinos.
Los informes señalan que parte de ese contenido se difundía con firmas inexistentes o identidades falsas, mientras que otras piezas combinaban datos reales con información distorsionada o fabricada.
De acuerdo con la investigación internacional basada en documentos filtrados de inteligencia rusa, la operación habría financiado al menos 250 artículos publicados entre junio y octubre de 2024 en 23 medios digitales argentinos.
Entre los portales mencionados en los registros figuran Infobae, Realpolitik, Ámbito, C5N, Diario Con Vos, El Destape, Big Bang News, Diario Registrado, A24, Dos Bases, La Patriada Web, En Orsai, Sección Ciudad, El Ciudadano Web, Política Argentina, Tiempo Argentino, Grito del Sur, El Cronista, Infocielo, Data Clave, Agenda Urbana, Ciudadano Agro y Contraste MDP.
Comunicado de FOPEA
A partir de la reciente investigación publicada por un consorcio internacional de periodistas (integrado en su capítulo Argentina por, entre otros, Santiago O’Donnell) sobre una presunta campaña de influencia extranjera en la política interna argentina, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) sostiene más que nunca que hay que aferrarse a las reglas profesionales y evitar todas las provocaciones y operaciones.
La investigación mencionada pone de relieve la necesidad de revisar de manera permanente nuestras prácticas profesionales. FOPEA no es un tribunal ni una fiscalía, pero sí un espacio de debate constante. En este sentido, recordamos que la libertad de prensa conlleva implícita mayor responsabilidad.
Nuestro Código de Ética es claro, en su artículo 23, precisa: “los periodistas jamás deben prestarse a difundir información tendenciosa. Si una información de interés público proviniera de una fuente que difundió la información con un interés determinado, corresponde a los periodistas aclarar su origen de forma clara y precisa”.
También el artículo 24 es taxativo en afirmar que “ningún periodista debe aceptar pagos, retribuciones, dádivas ni privilegios de ningún tipo que pudieran pretender, de manera explícita o no, incidir sobre un manejo informativo particular. Los sobornos y las prácticas extorsivas son una falta grave”.
Respaldados en esas premisas, FOPEA manifiesta su profunda preocupación ante la escalada de agresiones sistemáticas provenientes de la máxima autoridad del Poder Ejecutivo y su estructura de militancia digital hacia periodistas, medios de comunicación y hacia nuestra propia institución. Estas acciones, que incluyen agravios personalizados e insultos, no solo degradan la conversación pública sino que intentan silenciar el escrutinio periodístico sobre temas de indudable interés nacional. Como argentinos comprometidos con la democracia, exigimos y merecemos un Presidente que respete las instituciones, valore la libertad de expresión y demuestre tolerancia ante el disenso.
Resulta inaceptable que el ejercicio de la crítica o la difusión de investigaciones derive en un ataque desde el Estado. El uso de “milicias digitales” para hostigar a profesionales con nombre y apellido constituye un método de amedrentamiento que FOPEA repudia y seguirá denunciando a través de su Monitoreo de Libertad de Expresión.
Exhortamos a todos los colegas a extremar los cuidados frente a intereses ajenos al bien común y a garantizar que la información brindada a la ciudadanía sea transparente sobre sus fuentes y financiamiento. En momentos de alta polarización y sospechas de operaciones de desinformación, el periodista no debe responder al agravio con más agravio, sino con calidad, chequeo y ética. La mejor defensa ante los ataques es un periodismo que resulte indiscutible por su método y su rigor.
FOPEA es una organización civil integrada por profesionales de todo el país. No ejercemos una defensa corporativa ni buscamos impunidad. Trabajamos para mejorar las condiciones en que se desarrolla el periodismo en Argentina. Ratificamos nuestra irrestricta defensa de la libertad de prensa y el convencimiento de que el periodismo, lejos de languidecer, ocupa un rol y un lugar cada vez más importante y necesario en el país
Asismismo en otro comunicado FOPEA recordó que
Los funcionarios públicos tienen la obligación de informar y rendir cuentas de sus actos ante la sociedad independientemente de todo proceso judicial en marcha.
Es en ese marco en el que las conferencias de prensa profesionales y periódicas cobran sentido y se vuelven una práctica necesaria para fortalecer la democracia y la transparencia.
Nuestra organización, que representa a colegas de todo el país, ratifica que los periodistas y funcionarios de todos los niveles del Estado deben mantener una relación profesional que incluya respeto mutuo y reglas claras. De esa manera, los colegas pueden cumplir con su tarea profesional y realizar preguntas sin condicionamientos e intentos de amedrentamiento, con la única finalidad de que la sociedad pueda estar debidamente informada.
Este planteo cobra aún más fuerza a partir de la experiencia de este miércoles, cuando el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se refirió de manera despectiva y hostil a los periodistas que habían sido sorteados para la realización de preguntas. Al destrato en la sala de prensa le siguieron luego agravios por parte del propio presidente, Javier Milei, hacia la prensa.
Las conferencias de prensa suponen un ejercicio democrático. Cuando un funcionario responde, ¿a quién le habla realmente? ¿A un periodista en una sala de prensa o a millones de ciudadanos que tienen derecho a entender cómo se gobierna en su nombre?
Esa pregunta, muy elemental, se vuelve necesaria cuando se desdibuja el sentido mismo de la rendición de cuentas. Los funcionarios públicos no informan en función de su conveniencia ni responden en función de quién pregunta. Tienen la obligación de explicar sus actos de gobierno porque administran asuntos que no les pertenecen: son de interés colectivo. Rendir cuentas en forma clara es una obligación inherente al cargo público que se ocupa y no una decisión individual coyuntural.
En ese marco, descalificar preguntas o intentar establecer jerarquías sobre quién puede -o no- preguntar corre el eje del problema.
Puntualmente, en la conferencia de prensa desarrollada de este miércoles en Casa de Gobierno, Adorni se refirió de manera peyorativa hacia un colega, al afirmar: “apenas sos un periodista, no sos un juez”. La frase no es menor, porque expone una concepción equivocada sobre el rol del periodismo y, más aún, sobre la naturaleza de la rendición de cuentas en democracia.
Porque el punto no es quién formula la pregunta, sino qué está en juego detrás. Pretender que sólo la justicia habilita o legitima las explicaciones públicas implica reducir la rendición de cuentas a un plano estrictamente judicial. Los funcionarios no deben dar explicaciones únicamente cuando son investigados: deben hacerlo de manera permanente, como parte de su responsabilidad.
Alegar causas abiertas en tribunales para evitar responder preguntas, no sólo limita el acceso a datos útiles para la toma de decisiones de la ciudadanía: distorsiona el funcionamiento democrático. La justicia actúa cuando hay presunción de delito; la sociedad, en cambio, tiene derecho a conocer y evaluar la gestión pública más allá de ese umbral.
Como ya se dijo en otras ocasiones, la falta de realización de conferencias de prensa profesionales no es exclusiva de un espacio político o de un nivel del Estado. Periodistas de todo el país carecen de espacios institucionales para hacer preguntas y buscar respuestas. Esto, principalmente, atenta contra la posibilidad de que la sociedad acceda a la mejor y más completa información sobre lo que está ocurriendo a su alrededor.
