Un gobierno que no responde preguntas de los periodistas, que los desacredita, los humilla y los violenta y que, además no permite que nadie esté en desacuerdo con su gestión tomó la decisión de crear un organismo- para eso sí hay plata- que será el encargado de decir qué es lo que es verdad de lo que “se publica” y que es “mentira2, haciéndose cargo de la verdad absoluta. El resultado fue la creación de la Oficina de Respuesta Oficial para desmentir «falsedades» en medios de comunicación
Es que Milei, que solo habla con determinados periodistas afines, con preguntas pautadas y mensajes grabados asegura que hay “relatos” que buscan confundir a la sociedad mediante datos inexactos y campañas de descrédito en distintos soportes mediáticos
Entre los argumentos expuestos por el Gobierno de Javier Milei respecto a la creciente circulación de desinformación, se destaca la decisión de dejar de financiar relatos mediáticos mediante publicidad oficial, acción que, según el Ejecutivo, incrementó el volumen de información inexacta y campañas orientadas a confundir a la opinión pública.
La nueva entidad está dedicado a identificar y refutar públicamente informaciones consideradas erróneas o manipuladas por distintos actores y plataformas
La estrategia consiste en “combatir la desinformación brindando más información”, postura que, según el mensaje difundido, contrasta con enfoques atribuidos a sectores políticos asociados a la izquierda, a quienes el Gobierno acusa de recurrir a la censura durante sus gestiones limitando voces opositoras en medios y redes sociales.
La declaración subraya que la iniciativa del Ejecutivo “es contundente” y busca añadir una “voz oficial para desmentir operaciones, lo contrario a la censura”. Además, sostiene que “el derecho a la libertad de expresión es sagrado para esta administración”.
Por supuesto no es casualidad que el anuncio guarde similitudes con una estrategia implementada en Estados Unidos durante la administración de Donald Trump, donde se creó una plataforma digital denominada ‘Media Bias’ concebida con el objetivo de refutar lo que aquel Gobierno consideró noticias falsas y bulos difundidos sobre su gestión.
En su debut la Oficina de Respuesta Oficial usó un dato impreciso para cruzar a una periodista
La cuenta que dirige Juan Carreira intentó desmentir un comentario sobre la edad de imputabilidad en Uruguay, pero presentó información incompleta
La Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina que creó hace apenas 48 horas Javier Milei con el objetivo de desmentir lo que el Gobierno considera fake news tuvo un comienzo accidentado.
Es que la cuenta de la red social “X” que maneja el funcionario público y tuitero libertario Juan Carreira, uno de los colaboradores estrechos de Santiago Caputo, el consultor devenido en monje negro de la administración de La Libertad Avanza (LLA), usó un dato impreciso -o al menos incompleto- para cruzar a la periodista María O’Donnell.
La “oficina” estatal apeló a un recorte de la entrevista que le realizó O’Donnell al abogado penalista Fernando Soto, asesor parlamentario de la senadora nacional Patricia Bullrich (LLA), a raíz del proyecto sobre baja de edad de imputabilidad que impulsa el Gobierno. El oficialismo pretendía reducirla de 16 años a 13, pero los aliados presionan para dejarla en 14.
En el ciclo que conduce en la radio Urbana Play, O’Donnell deslizó que, en caso de que el Congreso aprobara el proyecto, la Argentina se ubicaría entre los países que tienen la edad de imputabilidad más baja. En su réplica a la periodista, la oficina que encabeza Carreira, actual director nacional de Comunicación Digital, calificó de “incorrecto” o “falso” el planteo de O’Donnell, con el argumento de que Uruguay “cuenta desde 2004 con un sistema que permite juzgar y condenar a menores de entre 13 y 17 años”.
En rigor, el dato es impreciso, porque no aclara que en el país vecino fracasó, en 2014, el intento de modificar la legislación para juzgar a los menores con el mismo Código Penal que se aplica para los mayores de edad.
No obstante, en la legislación de Uruguay, los adolescentes de entre 13 y 18 años pueden ser procesados y permanecer detenidos hasta por diez años.
Eso se realiza en base a un régimen especial que establece el Código de la Niñez y la Adolescencia. No se aplica el Código Penal para adultos.
“La Argentina, con una edad mínima de imputabilidad de 16 años, se encuentra entre las más altas del mundo occidental. Presentar datos incorrectos o incompletos no es un error menor: distorsiona el debate público y confunde deliberadamente a la audiencia”, señaló la oficina estatal que dirige Carreira, alias Juan Doe y co-fundador de La Derecha Diario.
Adepa y Fopea criticaron a la oficina
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) y el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) expresaron su preocupación tras el anuncio de la creación de una nueva cuenta de X creada por el gobierno nacional, llamada Oficina de Respuesta Oficial, dedicada a desmentir las informaciones falsas de periodistas y medios de comunicación que consideren desde la Casa Rosada.
La iniciativa fue llevada a cabo por pedido expreso del presidente Javier Milei. Juan Pablo Carreira será quien esté a cargo del nuevo usuario, el cual depende de la Dirección Nacional de Comunicación Digital. El designado es hombre de confianza del asesor presidencial Santiago Caputo y es conocido en las plataformas virtuales por el seudónimo Juan Doe.
A través de un comunicado, Adepa alertó sobre este nuevo ente: «En toda democracia, los gobiernos tienen derecho a contar con áreas de comunicación institucional y a difundir la información oficial que consideren pertinente, así como su versión de los hechos que forman parte de la agenda informativa. Esa práctica es legítima y alimenta la lógica habitual del debate público. La preocupación de Adepa no radica en la existencia de una oficina de comunicación, sino en la dinámica acusatoria y estigmatizante que se pretende asignarle».
En la misma línea de Adepa, Fopea también expresó su rechazo con respecto al lanzamiento de la Oficina de Respuesta Oficial. «El periodismo no dicta imperativos categóricos sobre qué es verdad y qué no lo es desde una posición de poder; por el contrario, trabaja para aportar información verificada. La pretensión del Gobierno de establecer una «verdad oficial» indiscutible choca frontalmente con la esencia de una sociedad libre», alertó la institución en su comunicado oficial.
En este sentido, la entidad periodística advirtió sobre la «gravedad institucional que representa crear este tribunal de la verdad»: «Se está utilizando una estructura oficial -y por ende, recursos públicos sostenidos por todos los ciudadanos- para vigilar, señalar y estigmatizar el disenso o la labor periodística crítica”.
A modo de conclusión, el Foro sintetizó: «Estamos convencidos de que el periodismo está expuesto y debe someterse a la crítica, pero ninguna autoridad oficial puede clausurar el debate público porque eso implica invalidar al otro, además de socavar la libertad de expresión y la necesaria rendición de cuentas públicas».
