El Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata fue creado por Ley N° 27.508 en 2019 y garantizaba la reparación económica a las víctimas a través del decomiso de bienes decomisados en causas judiciales referidas a los delitos de trata y explotación sexual, y de ganancias provenientes de tales ilícitos. Es decir, se trataba de una política cuya implementación cumplía con los fines establecidos en la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas.
De acuerdo a la Ley, el circuito que debían seguir los bienes para la reparación económica a las víctimas era:
– Una vez que la causa contaba con una sentencia firme, la Justicia ordenaba el decomiso de bienes, identificaba a las víctimas y determinaba el monto de la reparación económica.
– La UE recibía los bienes, que después serían inscriptos en el Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados en el Proceso Penal e informados al Consejo Federal de Lucha contra la Trata.
– Luego, los bienes debían ser puestos a disposición de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para que se realice su venta en procesos públicos y transparentes. El dinero producido será transferido al Fondo Fiduciario, administrado por BICE Fideicomisos S. A., que a su vez era el encargado de instruir las medidas necesarias para evitar su depreciación.
– La Unidad Ejecutiva ordenaba al BICE, según lo determinara el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata, a realizar los desembolsos correspondientes a las reparaciones ordenadas judicialmente, en beneficio de las víctimas individualizadas en sentencia firme.
– El Consejo Federal para la Lucha contra la Trata era el encargado, asimismo, de administrar el capital remanente del Fondo así como las partidas presupuestarias asignadas.
En un contexto en el que la violencia de género se profundiza, así como la negación del presidente a su existencia, la eliminación de este fondo impacta de manera directa en mujeres, niñas y niños, principales víctimas del delito de trata de personas. El desmantelamiento de las destacadas políticas de lucha contra la trata ya había sido denunciado por las organizaciones sociales como Alameda, en el contexto del aún desaparecido niño de 5 años, Loan Peña, en Corrientes.
