Tras la represión a jubilados que se expresaban contra el veto presidencial, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) amplió sus denuncias penales ante la Justicia Federal. Pidió que se unifiquen todos los expedientes y que armen una mega-causa. Además, solicitó que se investigue en profundidad el caso de la niña de 10 años que fue gaseada por efectivos policiales.
La CPM presentó denuncias en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 10 de Comodoro Py, por la represión del 28 de agosto, del 4, 11 y 18 de septiembre, que fueron ampliadas también ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1, a cargo de la jueza María Servini.
Ese día más de doscientos miembros de la Infantería y la Policía Federal Argentina (PFA) aparecieron y comenzaron a disparar con posta de goma, empujones, golpes con tonfas y lanzando gases lacrimógenos a los manifestantes.
Sobre la avenida Entre Ríos, la policía inició un brutal despliegue represivo, hubo más de diez personas heridas; entre ellas, la diputada nacional Vanina Biasi, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FIT-U)
El Comité a partir de la sanción de la Resolución N° 943/23 del Ministerio de Seguridad de la Nación que estableció el Protocolo Antipiquete, comenzó a monitorear el despliegue represivo de las fuerzas de seguridad. Lo hace en conjunto con el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura; el Mecanismo Local de Prevención de la Tortura-Defensoría del Pueblo de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios
En este sentido se pide que se investiguen las responsabilidades de los altos jefes policiales y los responsables políticos del Ministerio de Seguridadd por los hechos courridos que luego intentaron cubrir.
También se piden informes sobre las acciones de inteligencia realizada por la Policía Federal y los registros que realizan en las manifestaciones y protestas.
Las autoridades aseguran que no solo son graves los hechos sino también la postura de los responsables del Ministerio de Seguridad que deslindan responsabilidades a los propios jubilados por lo que ocurrió, intentando desprestigiar a quienes protestan por la vulneración de sus derechos y acusarlos falsamente de cometer delitos.
Este organismo provincial de control presentó denuncias en Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 10 de Comodoro Py por la represión del 28 de agosto, el 4, 11 y 18 de septiembre, las cuales fueron ampliadas. Y pidió que se unifiquen todos los expedientes y se investiguen todos los hechos en el marco de una mega-causa. También lo hizo ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1, a cargo de la jueza María Servini.
En los actos hubo un brutal ataque a una niña de 10 años que fue rociada con gas pimienta a quemarropa por un efectivo de la Policía Federal Argentina, ese día también tres integrantes de la CPM que se hallaban monitoreando el derecho a la protesta fueron agredidos con balas de goma. Ellos estaban con sus chalecos e identificaciones, por lo cual queda al descubierto que lo hicieron indiscriminadamente
La ampliación de la denuncia incluyó el registro fílmico del momento en que fue atacada la niña
