Maestros, jubilados, artistas, personas con discapacidad o enfermedades raras, enfermeras, médicos, científicos todos ellos son la casta y los gastos que provocan el Estado no los quiere pagar. ¿por qué no iba a ocurrir lo mismo con las personas en situación de calle?
Un nuevo decreto, en este gobierno con un récord de estas medidas desliga al gobierno nacional de la responsabilidad de asistencia a personas en situación de calle. Establece, que las provincias y la ciudad de Buenos Aires se haga cargo pero les sigue negando los fondos de coparticipación que les corresponde enviar a cada una de ellas. Una medida más cruel, salvaje y déspota justo cuando las temperaturas invernales comienzan a hacer mella en quienes están sin hogar y duermen al amparo de los cajeros automáticos o los puentes.
El Poder Ejecutivo redujo así su rol a «órgano rector» a través de la aprobación de directrices y lineamientos generales con el argumento de diferencias regionales en la problemática social.
Esto ocurre en medio del crecimiento en la cantidad de gente en situación de calle, y se implementó a través del Decreto 373/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial que lleva la firma del presidente Javier Milei, donde se redefine el alcance de la Ley 27.654, sancionada originalmente para garantizar el acceso a la vivienda y la protección de quienes están en riesgo de perderla.
El texto también deroga el inciso a) del artículo 12 de la ley original, que obligaba a mantener o integrar todos los programas preexistentes sin permitir su revisión o reducción. Según el Gobierno, esa obligación limitaba la capacidad de rediseñar políticas y reasignar recursos de forma más eficiente.
