Un clima nacional que es caldo de cultivo para este tipo de fallos se precipitó como se preveía. Todxs lxs mapuches condendxs.
El caso de Lafken Winkul Mapu ocurrido en el 2017 terminó con siete integrantes de la comunidad condenadas por usurpación
Fue el juez Federal Hugo Greca quien leyó la sentencia que estipuló condenas de entre dos y dos años y medio de prisión en suspenso para los mapuches. A cinco de ellos los encontró responsables del delito de “usurpación” y a otros dos sumó el de “atentado a la autoridad agravado por cometerse a mano armada”, refiriéndose al uso de piedras.
El juicio se desarrolló por disposición del magistrado en dependencias del Escuadrón 34 de Gendarmería, sin lugar para la cobertura de prensa y en medio de un importantísimo despliegue de seguridad. Las instancias del debate solo pudieron ser seguidas a través de YouTube.
La Machi Betiana Colhuan, fue sobreseída porque era menor en el momento de los hechos.
Las personas condenadas fueron María Nahuel, Romina Rosas, Luciana Jaramillo, Yéssica Bonnefoi, Aylén Tapia, Gonzalo Coña y Joana Colhuan.
El juez adhirió en su fallo al pedido de la querella representante de Parques Nacionales y, parcialmente, a la solicitud de condenas del Ministerio Público Fiscal. Los integrantes de La Gremial de Abogados y Abogadas de las República Argentina ejercieron la defensa de todos los imputados y al momento de los alegatos reclamaron la absolución, sobre la base de la demostración del vínculo histórico, ancestral y espiritual de la comunidad con ese territorio, así como lo estipulado en la Constitución nacional, las leyes argentinas y los tratados internacionales en relación al derecho de los pueblos originarios.
Eduardo Soares, presidente de La Gremial, había anticipado que el fallo “estaba ya redactado y firmado” y lo calificó como “racista, supremacista y misógino”, ya que no tuvo en cuenta ni la perspectiva de derechos de las comunidades originarias ni la de género, ya que siete de los ocho imputados eran mujeres.
Durante el juicio declararon 19 testigos, todos aportados por la querella y la fiscalía. La mayoría de ellos son uniformados de las distintas fuerzas de seguridad que intervinieron en los dos operativos de desalojo, así como actuales y ex integrantes del Parque Nacional Nahuel Huapi. Todos coincidieron en cuestionar los métodos de defensa del territorio de la comunidad, a la que acusaron de agresiva y sin disposición al diálogo.
El abogado de Parques Nacionales, Nicolás Vinuesa, repasó durante su alegato los dichos de los testigos y concluyó que el predio del Estado había sido arrebatado de manera violenta e ilegal por los mapuches. Cuestionó además que la comunidad no tenía reconocimiento estatal previo ni antecedentes en la zona. En un mismo sentido se expresó el fiscal Rafael Vehils Ruiz quien en su extenso alegato pidió además que se disponga judicialmente que los miembros de la comunidad no puedan acercarse al sitio sagrado. Este punto no fue tomado en cuenta por el juez, quien no incluyó en la sentencia ninguna restricción de ese tipo.
Fueron seis los abogados de La Gremial que participaron del alegato de la defensa, Eduardo Soares, Gustavo Franquet, Blanca Fabiola Barreiro, Álvaro Arias Camacho, Siro Soto y Laura Taffetani. Argumentaron centralmente que los tratados internacionales y las leyes nacionales derivadas de la manda constitucional que reconoce la preexistencia de los pueblos originarios dan un marco legal que permite el reclamo territorial por parte de las comunidades.
Los abogados y abogadas defensores también cuestionaron la falta de perspectiva de género en todo el expediente y proceso judicial, así como la ausencia de atención a los derechos de los niños que sufrieron el desalojo del 23 de noviembre de 2017.
Cinco de las mujeres imputadas declararon durante el juicio y relataron que durante el violento desalojo los uniformados “obligaron a la Machi a comer tierra”, “separaron a los niños de sus madres”, “tiraron innumerables gases y tiros” y “golpearon con los escudos y cachiporras”.
Una de las condenadas, Luciana Jaramillo recordó el “legítimo derecho que tenemos de habitar el territorio, de ejercer nuestra espiritualidad, de cuidar el rewe que resiste de pie y es lo único que quedó de nosotros en este espacio. Siempre vamos a tener la necesidad de volver”.
Y agregó: “Somos muy conscientes de nuestra historia, sabemos que somos un pueblo invadido, que ha resistido. ¿En qué momento de la historia pasamos a ser acusados? Podríamos ser acusadores. En este juicio también nos vulneraron. Luchamos por siete hectáreas a comparación de Lewis, Benetton que tiene un millón de hectáreas, el emir de Qatar. ¿Quienes son los inquilinos en esta tierra? Estamos dispuestos a dar nuestra vida para defender el agua, nuestro lawen (medicina ancestral), nuestra mapu (tierra)”.
Por su parte, María Nahuel repasó el vínculo histórico de parte de su familia con ese territorio en Villa Mascardi. Dijo que allí participó de varias ceremonias mapuches; y recordó que una Machi anticipó el levantamiento de otra guía espiritual en el lugar.
