El acto central será a las 16.30 en Plaza de Mayo con las consignas «son 30.000» y «fue un genocidio», todo lo que el gobierno libertario niega.
Todos los organismos de Derechos Humanos marcarán en forma unificada a 49 años del último golpe de Estado.
La idea es confluir en Plaza de Mayo y la lectura del documento estará a cargo de tres referentes históricos como Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Taty Almeida, de Madres Línea Fundadora, y el Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, referente del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj).
A los reclamos históricos se suman los ataques a los derechos humanos ocurridos durante el gobierno de Milei que se agravaron estos últimos tiempos con la criminalización de la protesta social y la represión a abuelos y abuelas los miércoles que reclaman por su deplorable estado económico, también, por supuesto la destrucción de las políticas de derechos humanos y sociales del actual presidente.
En las últimas horas la periodista y politóloga Luciana Bertoia compartió información en una nota en Página 12 que indica un leit motiv de parte del gobierno en cada efeméride importante para la historia de nuestra país. Así como cada 8M buscan empañarlo con acciones violentas o mentiras y como el 24M pasado difundieron un spot negando el número de desaparecidos y denostrando la lucha de los familiares, se sabe que este año están preparando un nuevo spot, seguramente celebrando el desmantelamiento de la Secretaría de Derechos Humanos.
Bertoia aseguró que los realizadores tenían previsto filmar en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH) y en el Archivo Nacional de la Memoria (ANM). A priori, no le pidieron autorización al ente tripartito que dirige el espacio de memoria para tomar imágenes en los lugares comunes. Tampoco fueron a filmar al Museo Sitio ESMA, que se armó dentro de lo que fue el casino de oficiales –el lugar donde estuvieron secuestrados alrededor de 5000 hombres y mujeres durante la última dictadura.
El secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, estaba especialmente nervioso por la filmación. Estuvo en persona arrancando carteles con reclamos de los trabajadores. Cuando estaba en esa faena, un abogado, Fernando Almejún, quiso frenarlo. Baños le contestó que fuera a trabajar.
–A trabajar andá vos. Nosotros acabamos de conseguir que procesen a dos civiles de Astarsa– le respondió Almejún.
Baños se fue refunfuñando. Al día siguiente sacó una nota en la que informaba que había decidido “licenciar” a los trabajadores que iban a ser desvinculados a fin de mes por “actos de indisciplina”.
El miércoles 19, el equipo de filmación volvió. Ese día se dirigió al Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, que se mantiene cerrado desde el 2 de enero por decisión del Gobierno.
Lo cierto es que la Secretaría de Derechos Humanos ya fue reducida a la mitad desde que asumió Baños y ya estamos preparados para la provocación del video que difundan este 24M, aunque este gobierno no nos hace perder jamás la capacidad de asombro.
