Esta semana, los diputados de la provincia de Buenos Aires que integran el bloque de La Libertad Avanza, Guillermo Castello y Sebastián Pascual, ingresaron un proyecto en la Legislatura bonaerense para derogar la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género para todos los tres poderes del Estado.
En los fundamentos, los diputados libertarios cuestionan la obligatoriedad de las capacitaciones en género y violencia contra las mujeres para los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, al sostener que “imponen requisitos ajenos a la idoneidad necesaria para cada cargo público”.
En ese sentido, Castello y Pascual comparan la situación con la posibilidad de que se exijan cursos de género a empleados bancarios, penitenciarios o turísticos “sin que necesariamente posean formación en las tareas específicas que deben desempeñar”. Según los diputados bonaerenses, esta imposición constituye “una exigencia constitucionalmente irrazonable”.
Además, el texto tilda de “absurdo” que las formaciones en materia de género sean requisito para ascensos o concursos dentro de la administración pública bonaerense, ya que para los diputados de La Libertad Avanza, la formación obligatoria que propone la Ley Micaela “no mejora la calidad institucional”, sino que responde a “una carrera política por imponer más capacitaciones sin fundamentos reales”.
En cambio, los diputados bonaerenses libertarios consideran que si hubiera que incorporar instancias de formación obligatoria, deberían centrarse “en derecho constitucional y principios republicanos”, ya que afirman que “los errores jurídicos son moneda corriente incluso en las más altas jerarquías del Estado”.
Por caso, el proyecto también critica que la Ley Micaela abrió paso a una “ola de capacitaciones obligatorias” que terminaron extendiéndose a empresas estatales, concesionarias, instituciones privadas y organizaciones sin fines de lucro. Según el planteo, esta tendencia “vulnera la libertad y la propiedad” y amenaza las bases del sistema republicano.
Es preciso mencionar que, Castello y Pascual también afirman que estas capacitaciones funcionan como “un caballo de Troya” para el ingreso de “militantes políticos” al Estado, que utilizan los cursos para “adoctrinar” o “bajar línea ideológica”. “Bajo la apariencia de capacitaciones neutras, se infiltran operadores partidarios que sostienen los aparatos de poder”, sostienen los autores del proyecto.
En las consideraciones, los legisladores señalan que el cumplimiento de la Ley Micaela implica gastos administrativos y presupuestarios que “no se justifican en un contexto de crisis económica”, y mencionan los costos derivados de sueldos, materiales, oficinas y trámites adicionales, al calificar la norma como un ejemplo de “demagogia legislativa”.
Ley Micaela: cuándo se sancionó y que objetivos tiene
Es preciso recordar que, la Ley Micaela, promulgada el 10 de enero de 2019, establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública dentro de los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
El nombre es en homenaje a Micaela García, una joven entrerriana de 21 años, militante del Movimiento Evita, que fue víctima de femicidio a manos de Sebastián Wagner. Su asesinato conmocionó al país y generó un consenso político y social en torno a la necesidad de formar a los funcionarios públicos en perspectiva de género y prevención de la violencia contra las mujeres.
Como autoridad de aplicación de la Ley 27.499, el Estado nacional se propuso garantizar su plena implementación mediante procesos de formación integral que permitan a quienes trabajan en la administración pública identificar las desigualdades de género y diseñar estrategias para erradicarlas, con capacitaciones que buscan aportar herramientas prácticas y teóricas que promuevan una comprensión más profunda de las dinámicas de poder, los estereotipos y las formas de discriminación que persisten en distintos ámbitos del Estado y la sociedad.
El propósito central de la norma es transformar los sentidos comunes y las prácticas cotidianas dentro del sector público, mientras que las instancias de formación apuntan a revisar cada acción, trámite, intervención o política pública desde una perspectiva de igualdad.
De este modo, la Ley Micaela representa una oportunidad para jerarquizar la formación de los agentes del Estado y orientar el diseño de políticas públicas con enfoque de género de manera transversal, y los organismos involucrados trabajan en la articulación de contenidos, metodologías y mecanismos de evaluación que permitan medir el impacto real de su aplicación en ministerios, dependencias y poderes del Estado argentino.
