Como una película de terror escenas vividas hace décadas vuelven a la actualidad. Policías, o sea empleados del Estado infiltrados, disfrazados de civil, espiaron a quienes se movilizaron por los desguaces en las áreas de Derechos Humanos.
Como no recordar al “Ängel dela Muerte” Alfredo Astiz en momentos del gobierno de facto infiltrado entre las Madres de Plaza de Mayo y haciéndose pasar por un hermano de un desaparecido
Las estrategias del gobierno actual, para señalar a quienes no están de acuerdo con sus decisiones, se asemejan a la de los gobiernos dictatoriales y causan, no menos que alarma, en la Comisión Nacional por la Memoria.
El 27 de diciembre miles de personas se movilizaron, reaccionando ante un atropello más, en este caso el cierre, por parte del gobierno de Milei ,del Centro Cultural Haroldo Conti que funcionaba en la Ex ESMA.
La C.P.M no dudó en presentar una denuncia firmada por Adolfo Pérez Esquivel, Dora Barrancos y Roberto Cipriano García, presidentes y secretario ejecutivo de la CPM, con el patrocinio letrado de Rodrigo Andrés Pomares y Margarita Jarquel la que fue asignada por sorteo al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 10 a cargo de Julián Ercolini.
Para el organismo estas acciones son “tareas de inteligencia ilegal” donde además de presentarse policías de civil, también se realizaron videofilmaciones de las y los manifestantes tanto en el interior como el exterior del edificio. Hay leyes vigentes que directamente prohíben estas acciones.
«Las actividades de inteligencia ilegal que observamos en el monitoreo del abrazo a la ex Esma no son una novedad, sin dudas, ya hemos dado cuenta de ello en el informe anual que hicimos de las 60 marchas que monitoreamos el año pasado y en todas hubo presencia de personal civil haciendo inteligencia ilegal», dijo a Página12 Sandra Raggio, directora general de la CPM. Pero lo ocurrido el 27 pasado fue más allá. «Que estas tareas ilegales se hayan realizado, allí, en el Espacio de Memoria, implica un nivel de violencia simbólica superior, por el sentido de ese lugar, por lo que ahí ocurrió y también porque subraya con intención que no tienen límites como demuestran en la decisión de destruir las políticas de memoria y derechos humanos, con despidos masivos a trabajadores y trabajadoras que tienen un fuerte compromiso con las temáticas de Verdad, Justicia y Memoria, en el abrazo se estaba defendiendo esto», agregó.
La CPM asegura que todo lo realizado por la policía se encuadra en las disposiciones y prohibiciones de la Ley Nacional 25.520 que regula y limita los alcances de las tareas de Inteligencia para proteger los derechos y libertades de las personas.
En relación a la avanzada negacionista de Milei y Villarruel, a horas de que Abuelas de Plaza de Mayo celebrara la recuperación del nieto 138, Estela de Carlotto, su presidenta aseguró que “Quieren cerrar la ex-ESMA”. La referente de derechos humanos advirtió además que quieren “limpiar y no abrir nunca más” los sitios de la memoria de la dictadura cívico-militar.
Carlotto no dudó en calificarlo como “un gobierno legal, pero que hace ilegalidades”. Busca “destruir todo aquello que no quieren que exista”. En ese sentido apuntó que el Presidente “está para gobernar, no para ser tirano”. Además, llamó a la sociedad a mantener la calma y evitar caer en provocaciones: “Si pasa algo malo, dirán que la culpa la tenemos nosotros. Hay que tener templanza, denunciar, y nunca violencia”.
La presidenta de Abuelas también manifestó su inquietud por la situación social y económica del país. “Están dejando en la calle a mucha gente”, afirmó, y anticipó que “van a pasar cosas muy duras”. “Nosotros queremos que el país siga teniendo el derecho a vivir, a tener empleo, a comer, a estudiar y disfrutar de la vida”.
También realizó declaraciones la exdirectora del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Lola Berthet habló sobre el cierre del lugar, en una entrevista con el diario Tiempo Argentino donde aseguró «El Gobierno no podrá arrasar la memoria, la verdad y la justicia»
El cierre del Conti genera un impacto negativo y regresivo en la comunidad en materia de memoria, verdad y justicia: “Porque ha sido un lugar clave para las víctimas de la última dictadura cívico-militar. A lo largo de la historia cumplió la función de mantener viva la memoria histórica, es algo fundamental para evitar la repetición de abusos contra los derechos humanos en el futuro”, aseguró Lola.
También advirtió que el cierre del Conti: “Solo contribuye al olvido -a través del negacionismo- y a minimizar los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar”. También señaló, “esto trae un impacto totalmente negativo para la educación en Derechos Humanos”.
