La Justicia hizo lugar a la presentación hecha por organizaciones sociales para que el Ejecutivo explique cómo cumplirá con los compromisos internacionales contraídos en materia de género.
Fue el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 1, a cargo de Enrique Alonso Regueira quien reconoció formalmente la legitimación de las organizaciones para representar al colectivo de mujeres, niñas y adolescentes, víctimas y potenciales víctimas de violencia de género en estado de vulnerabilidad múltiple, y ordenó que se inscribiera la acción en el Registro de Procesos Colectivos.
Las Brujas que Salem charlamos con la abogada y docente feminista de la UNLP Luana Imas quien nos explicó el alcance de esta medida: “Hay que entender que una acción colectiva es una acción, que se diferencia de lo que es el derecho común para iniciar y tutelar un bien jurídicamente protegido, porque no es para una persona sino para una comunidad; en este caso para la comunidad referida a las mujeres, niñeces y todo el colectivo de la diversidad”
La presentación contra el Ministerio de Justicia y el Poder Ejecutivo de la Nación” fue presentada a fines de junio por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Ni Una Menos (NUM), la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), Mujeres por Mujeres (MxM) y la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM).
En este sentido la abogada feminista nos explica que “esta instancia de acción se hizo para que podamos tener certeza acerca de cuál es la situación en tanto el cumplimiento y respeto de los tratados internacionales que nuestro país ha suscripto y hasta ahora veníamos comprometidos con los distintos pasos que hay que cumplir”
En cuanto a los plazos que el gobierno tiene para contestar esta acción Luana aseguró “Estamos esperando la respuesta, recién empezamos con la aceptación de la demanda que eso ya es un primer paso y es un logro. Es un logro porque nos habla de la división de poderes y la garantía de que no llega una persona a cambiar el sentido común a través de decretos. Los poderes están divididos y el Poder Judicial ahora tiene en sus manos el dotar de certezas a toda una sociedad, viendo de qué manera se compromete el Poder Ejecutivo para cumplir estas leyes”
La duda es cuál será el organismo encargado de dar cumplimiento a las obligaciones legales contraídas por el Estado nacional que surgen de la Ley 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y de los tratados internacionales firmados en este sentido. El gobierno cerró el Ministerio de las Mujeres y luego la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género. Con esta falta de organismos específicos, Argentina pasó a ser el único país en Latinoamérica sin institución a cargo de las políticas de equidad de género.
Además del desfinanciamiento de leyes nacionales el gobierno de Javier Milei dispuso medidas respecto del Programa Acompañar-creado por el ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad en 2020- que otorgaba por seis meses un salario mínimo, vital y móvil a víctimas de violencia de género para ayudarlas a salir de esa situación sin la necesidad de presentar una denuncia formal.
Los cambios son claramente deficientes ya que el gobierno dispuso que es obligatorio presentar la denuncia y la asistencia se limitó solo a tres meses, aunque desde que asumió la nuevo gestión de gobierno no solo no hubo incorporaciones al programa sino que tampoco se pagó a nadie. En este sentido Luana Imas valoró el Programa Acompañar considerando que el “Estado tiene que hacerse cargo de la violencia estructural buscando una transformación social y diseñando distintas estrategias”
Asimismo criticó la medida de obligar a las mujeres a denunciar ya que aseguró: “Hay que armar toda una red antes de hacer la denuncia, hay mujeres que están a cargo de hijos o mayores y temen daños peores si acuden a la justicia”-aseguró y relató: “No siempre se recomienda la denuncia, porque si esa persona no tiene la habilidad y la fortaleza lo mejor es que se corra y no denunciar. Porque después hay que atravesar todo un sistema judicial en donde las personas son destratadas y no hay garantías, llegar al veredicto ya es un montón, transitar un proceso judicial es dificilísimo porque es cruel, el poder judicial no está realmente desarrollado para acompañar a una persona en situación de violencia”
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