La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) presentó su informe anual sobre casos de violencia estatal. Solo en 2025 hubo 507 muertes provocadas por las fuerzas de seguridad. “Si con Macri dijimos que había un estado de excepción, ahora afirmamos que esto es un cambio de régimen”, subraya la abogada María del Carmen Verdú.
A fuerza de balas, gases, cárcel y muerte, la administración libertaria se ganó el primer puesto en el podio como la más represiva desde 1983. Esta es la conclusión del informe anual número 30 con el cual la Coordinadora contra la represión policial e institucional (Correpi) actualiza su archivo de casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal. La presentación realizada en las instalaciones del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) estuvo atravesada por la presencia de familiares de víctimas, quienes recordaron que detrás de cada caso hay una historia, un nombre y una ausencia.
El informe registró 10.181 muertes en manos de las fuerzas de seguridad en democracia, de los cuales el 10,37% tuvo lugar durante el gobierno de La Libertad Avanza. Solo en 2025 hubo 507.
Según el relevamiento, los datos se vinculan con cambios que realizó la gestión actual en las políticas de seguridad impulsadas por la exministra del área Patricia Bullrich, ampliando las facultades de las fuerzas. Al pensar en una proyección de los datos hacia lo que queda de gobierno, María del Carmen Verdú, abogada y fundadora de CORREPI, expresó: “Estamos en números que nunca antes habíamos imaginado y que se ven todavía más claros cuando comparamos los casos por gestión”. Y reiteró que “si con Macri dijimos que había un estado de excepción, ahora afirmamos que esto es un cambio de régimen”.
La comparación mensual de muertes le da a la gestión de Bullrich y Milei el récord histórico de 42,2 casos por mes. Y los dos años de gobierno libertario suman 285 casos de asesinatos por tiros por la espalda.
A 50 años del golpe, bajo el gobierno de Milei, la represión en las manifestaciones, las detenciones arbitrarias, la criminalización de la protesta, la censura a la prensa y la construcción de una narrativa negacionista sobre la última dictadura militar acompañan el aumento de los índices de muertes en manos del Estado.
Historias de vida y de muerte
Las fotos de las caras de las víctimas en los cuellos de las familias, los respaldos de las sillas y las paredes permiten observar que el aparato represivo, obviamente a menor escala, no dejó de actuar con la vuelta de la democracia sino que continuó operando bajo nuevas formas.
“Hace 38 años mataron a mi hijo”, contó a ANCCOM Estela Rivero, madre del “Peca” Rivero, asesinado a los 18 años por un policía que lo había amenazado de muerte semanas antes, tras resistirse a subirse al patrullero mientras tomaba cerveza con sus amigos en la esquina de su casa. “Yo no he tenido justicia por mi hijo, porque los asesinos están prófugos hasta el día de hoy y dos ya han muerto. Pero yo sigo acompañando a los familiares. A las madres que vienen por primera vez les digo: ´Usted tiene que luchar, tiene que seguir´”. Su voz se suma a la de otros familiares que, año tras año, sostienen el reclamo y mantienen viva la memoria de quienes ya no están.
El informe también dedicó un apartado a los “femicidios de uniforme”, que aparece como la primera causa de muerte de mujeres a manos del aparato represivo estatal. Verdú advirtió que los casos se concentran principalmente en situaciones de violencia de género, donde se combinan dinámicas de violencia machista con la portación de armas por parte de integrantes de las fuerzas de seguridad.
De acuerdo al documento presentado, en los meses que lleva la gestión de Javier Milei, se contabilizan 38 femicidios, travesticidios y transfemicidios a manos de miembros de las fuerzas.
Además, en el Archivo se encuentran desagregados los casos por fuerza. La “gorra” más peligrosa de acuerdo al relevamiento es la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, seguida por la de la Provincia de Buenos Aires. En este punto se destaca el uso del arma reglamentaria por fuera del servicio, fenómeno que la organización antirrepresiva vincula con cambios normativos recientes que ampliaron su uso, habilitando disparos incluso en situaciones donde no hay una amenaza concreta, sino una presunción.
“Al que apretó el gatillo le dieron una pena irrisoria”, afirmó Nicanor Bogado, padre de Cristian Marcelo Bogado, asesinado por un integrante de la fuerza policial el 26 de mayo de 2004. Su testimonio pone en evidencia una de las problemáticas que atraviesa el informe: la histórica persistencia de prácticas represivas y un alto nivel de impunidad en casos de violencia estatal.
A pesar del dolor, los familiares sostienen la importancia del encuentro y la lucha con otros. “Mientras vamos llorando, organicémonos en forma comunitaria, asamblearia, colectiva y siempre en forma solidaria”, expresó Bogado.
En la misma línea, Verdú destacó: “el Archivo se logró convertir en una herramienta de lucha importante”. Según explicó, además de sostener un criterio estadístico riguroso, el relevamiento busca aportar datos que puedan ser utilizados por otras organizaciones para fundamentar sus denuncias.
“Nunca ha sido tan evidente que la represión es política de Estado y que la impunidad es un atributo del poder”, declara el Archivo.
La memoria de los 30.000 detenidos desaparecidos de la última dictadura dialoga con un presente atravesado por otras formas de violencia estatal.
