El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto a la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz, encabezó el acto de promulgación de la Ley 15.520, que introduce cambios significativos en el funcionamiento del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM).
Esta promulgación es clave para garantizar el derecho de las infancias y es una herramienta fundamental para la autonomía económica de las mujeres.
Busca simplificar y acelerar los mecanismos para que madres, niñas y niños y adolescentes accedan de forma más efectiva a la cuota alimentaria que les corresponde. Un paso importante hacia la equidad que reconoce la carga desigual que muchas veces enfrentan las mujeres en los procesos de cuidados
La nueva normativa permite incorporar al registro a los deudores desde el primer incumplimiento de la obligación alimentaria. Además, extiende la responsabilidad a empleadores o personas acreedoras que no cumplan con órdenes judiciales de retención de haberes y suma sanciones adicionales.
También establece que será obligatorio presentar el certificado de libre deuda del RDAM para acceder a cargos como magistrados, funcionarios o empleados públicos en el ámbito provincial y municipal.
Kicillof afirmó en el transcurso del acto: “Con esta ley, avanzamos hacia una provincia más justa. Actualizamos esta herramienta junto con los distintos poderes del Estado para disminuir significativamente la cantidad de mujeres que no reciben los aportes económicos necesarios para la crianza de sus hijos”.
En tal sentido, agregó: “Estamos enfrentando una problemática seria y muy extendida, que impacta en la vida de las madres y en la infancia de muchos bonaerenses”.
El Gobernador también se refirió al contexto nacional: “El país atraviesa un momento muy complejo, en el que el fracaso del Gobierno nacional devolvió al FMI el control de la economía, repitiendo recetas conocidas como reformas laborales y previsionales. Frente a eso, en la provincia reafirmamos nuestro compromiso con las políticas de cuidado y con la lucha contra las desigualdades”.
Por su parte, Estela Díaz destacó: “Nuestro objetivo es garantizar el cumplimiento total de las cuotas alimentarias, porque cuidamos a las infancias y también apostamos a la autonomía económica de las mujeres. Mejorar sus ingresos y condiciones de vida genera bienestar en las familias y en los espacios donde desarrollan su vida cotidiana”. Y concluyó: “Como gobierno, asumimos el compromiso de reducir las brechas de desigualdad”.
En el acto estuvieron presente, entre otros, la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; la vicepresidenta de la Suprema Corte de Justicia, Hilda Kogan; la presidenta de la Comisión Provincial por la Memoria, Dora Barrancos; la secretaria general de UPCNBA, Fabiola Mosquera; la abogada feminista Nelly Minyersky, además de funcionarios y funcionarias del gobierno provincial.
Capacitaciones en Diputados sobre el nuevo proceso de alimentos
Paralelamente a la promulgación de la Ley, desde la Dirección de Equidad de Género Maru Breard dio inicio a un encuentro nacido de un trabajo sostenido en el territorio, en los equipos técnicos, en los espacios institucionales y legislativos, que articula formación, legislación vigente y demandas sociales concretas.
Participaron de la primer jornada Dora Barrancos y Nelly Minyersky
Las otras tres jornadas serán
Lunes 21 de abril – Violencia económica a través de la negación de alimentos
Lunes 28 de abril – Cuantificación e Índice de Crianza
Lunes 5 de mayo – Acceso a la justicia y cuota alimentaria como Derechos Humanos fundamentales
Además este ciclo se replicará territorialmente en distintos puntos de la Provincia de Buenos Aires.
El incumplimiento de la cuota alimentaria no es un hecho menor:
Es una forma estructural de violencia económica que impacta en la salud mental de quienes maternan en soledad y afecta directamente a las infancias y a la autonomía económica de los hogares
Norma complementaria
Esta ley se complementa con la Ley 15.513, promulgada en diciembre de 2024, que reformó los procedimientos judiciales relacionados con el reclamo de alimentos. Dicha norma estableció criterios claros para fijar montos, promovió mecanismos más ágiles de resolución de conflictos y contempló sanciones ante ausencias injustificadas en audiencias judiciales.
