Dentro de los temas que el Gobierno impulsa en la agenda de sesiones extraordinarias en el Congreso está, como ya lo han intentado otros gobiernos conservadores como el de Macri, la reforma del Código Penal Juvenil para poder meter, tras las rejas a quienes cometan delitos, cada vez más jóvenes.
Lejos de estudiar los motivos que llevan a los niñxs y adolescentes a delinquir, la falta de proyectos, futuro, y educación la idea reduccionista de meter a todos presos es siempre la misma respuesta que la derecha tiene y que, hay que decirlo es muy aplaudida por sus votantes.
En este sentido la Comisión de Pastoral Social reiteró su oposición y dijo que la solución “requiere un abordaje integral, profundo y a largo plazo” y a su vez pidió “considerar la complejidad del tema exigiendo “grandeza política”.
El documento titulado “Más oportunidades que penas” ya había sido difundido en marzo de 2025.
En una de sus partes más sustanciales dicho documento sostiene que “es una idealización creer que la solución de la inseguridad es bajar la edad de imputabilidad y no considerar sus causas”. Porque, se agrega, “la solución de fondo es mucho más compleja que bajar la edad de imputabilidad, requiere un abordaje integral, profundo y a largo plazo” para el que “es necesaria la grandeza política”.
Los obispos católicos argentinos se han venido oponiendo de manera continúa a las iniciativas de ley que apuntan a la reducción de la edad imputabilidad afirmando, entre otros motivos y basándose en estadísticas oficiales, que “los menores no son los que más delitos cometen”, admitiendo sin embargo que los hechos de “violencia extrema” que generan “situaciones dolorosas” hacen que se fortalezcan “las propuestas que hacen foco en los menores, como si fueran los únicos y los numéricamente más responsables de los delitos”.
En aquel documento, los obispos de Pastoral Social recordaron que “la sociedad argentina viene padeciendo las consecuencias de administraciones políticas que no han sido capaces de crear una cultura del trabajo que incluyera a todos los habitantes y que permita a todas las familias del país vivir con dignidad y procurarse los bienes necesarios para un auténtico desarrollo humano, laboral, social, económico y psicoactivo” lo que ha provocado “innumerables problemas entre los que se encuentra la inseguridad y la delincuencia juvenil”.
De esta manera la Conferencia Episcopal no se preocupó por redactar un nuevo informe y retomó el de un año atrás para contestar a la idea del gobierno de reflotar la idea
Para las autoridades de la Iglesia Católica, detrás de la problemática que atraviesa a los jóvenes en la actualidad hay narcotráfico, consumo de drogas y falta de oportunidades. En el texto se sostiene que las drogas están destruyendo a los jóvenes y “el consumo es una de las principales causas de la violencia”.
En el análisis se agrega que “la droga sigue penetrando fácilmente en nuestros barrios y pueblos” y que “si miramos la realidad, el narcotráfico en nuestro país, desde hace décadas, viene ganando territorio y ampliando sus negocios dejando tiradas y destruidas un montón de vidas y familias, particularmente jóvenes”.
También hay argumentos de tipo social. Se sostiene que muchos jóvenes “crecen sin oportunidades de una buena educación o de una necesaria formación laboral, o de contención familiar o social” por lo que es imprescindible comprender que es necesario promover “una cultura del cuidado” que “garantice las condiciones para el desarrollo integral y pleno de cada persona”.
Además del contacto directo que los ministros de la iglesia y los miembros de la comunidad católica mantienen en barrios y pueblos de todo el país, los obispos vienen haciendo consultas permanentes con expertos en temas sociales y juveniles. En base a ello proponen que “es necesario ofrecer un verdadero proyecto de vida para nuestros adolescentes y jóvenes” que “tengan motivos para soñar y para creer que es posible un futuro con esperanza, y una salida que no sea ‘Ezeiza’, las drogas, las armas o el cementerio”.
Por eso los obispos siguen reclamando “un debate serio, un compromiso profundo y la grandeza de pensar políticas públicas a largo plazo y no solo medidas que pueden sonar bien en periodos electorales, pero que se quedan muy cortas”.
Y agregan que para ello “imprescindible vencer todo tipo de indiferencia, superar la cultura del descarte y llenar con propuestas superadoras el vacío que dejamos cuando evadimos nuestras responsabilidades como adultos”.
El documento finaliza afirmando que “son tantos los adolescentes y jóvenes que nos inspiran esperanza y nos permiten creer que un futuro mejor es realmente posible si somos capaces de pensar en grande y de caminar juntos”.
A pesar de que ha pasado un año desde ese informe las causales de los motivos por los cuales los menores delinquen no han sido en absoluto eliminados por la gestión del gobierno de Milei. Patricia Bullrich a cargo de Seguridad poco logró en torno a su promesa de “terminar con el narcotráfico”, mientras que las políticas sociales han sido podadas y ni siquiera hay un “Ministerio” que se encargue de ellas porque no se consideran prioritarias para el gobierno. La pobreza y la indigencia que según el discutido análisis del gobierno bajan, en realidad no hacen más que multiplicarse de norte a sur y de este a oeste en el país.
En Las Brujas que Salem hablamos hace unos meses con la abogada y criminóloga Claudia Cesaroni, sobre la baja de punibilidad. Compartimos el audio
