Coherente a su línea de pensamiento de que la violencia de género no existe, de que las mujeres realizan falsas denuncias, de que todo gasto relacionado a los reclamos feministas son inventos, el Decreto 755/2024 publicado en el Boletín oficial determina que la ayuda económica – equivalente al Salario Mínimo Vital y Móvil- que cada vez está más degradado que se otorgaba por 6 meses, ahora será solo durante 3 meses.
Además, ahora para acceder a la prestación habrá que acreditar la realización de la denuncia judicial o policial de violencia por motivos de género. Antes esto no era necesario.
El programa de Apoyo y Acompañamiento a Personas en Situación de Riesgo por Violencia por Motivos de Género (Acompañar) tiene como objetivo principal fortalecer la independencia económica de mujeres y de la comunidad LGBTI+ (lesbianas, gays, bisexuales, trans y personas de otras minorías sexuales) en situación de violencia de género en todo el país.
El decreto que baja el monto firmado por Milei, Guillermo Francos y Cúneo Libarona, que luego sumó su polémico paso por la legislatura subraya la “prioridad del Gobierno Nacional” adoptar los “mecanismos necesarios” para que “los recursos con que cuenta el Estado nacional se gestionen con criterios de eficacia, eficiencia y economía”. Toda esta línea de pensamiento muy acorde con el veto al aumento a los jubilados y el ensañamiento de la policía, a mando de Patricia Bullrich que reprimió a quienes se acercaron a reclamar por esta medida
Agustina Rossi, socióloga especializada en Estudios de Género e integrante del área de políticas de la organización Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), señaló: “Desde ELA ya habíamos detectado que 6 meses no era tiempo suficiente para fortalecer el proyecto de independencia económica de la víctima. Ahora, es hasta difícil pensar que va a conseguir una vivienda, por ejemplo. ¿A dónde va a ir esa persona con su hijo? Tres meses no va a permitir que se cumpla con los objetivos del programa. Sin autonomía económica es muy difícil salir del círculo de la violencia”.
Otra modificación del programa que introdujo el decreto se relaciona con los requisitos para solicitar el beneficio. Antes, para acceder a esta prestación sólo se requería contactarse con las Unidades de Acompañamiento de todo el país o comunicarse con la Línea 144.
Ahora, se requerirá “acreditar la situación de riesgo por violencia por motivos de género mediante un informe social de un dispositivo de atención oficial de violencias local, provincial o de la Ciudad de Buenos Aires”, indica la norma.
Además, habrá que acreditar la realización de la denuncia judicial o policial de violencia por motivos de género.
“Esto vulnera el derecho de la víctima a tomar decisiones de cómo quiere manejar su situación, cuáles son sus estrategias para ponerse a salvo. No todas las personas deciden hacer una denuncia. Las estadísticas muestran que sólo 2 de cada 10 personas deciden denunciar. Hoy tenemos un sistema de justicia que no funciona para las víctimas de violencia, que no las escucha, las revictimiza, no les garantiza seguridad. No se les puede obligar a las personas a realizar una denuncia para recibir el apoyo económico y acompañamiento para ponerse a salvo”, agregó Rossi.
Durante el gobierno de Javier Milei el programa recibió un brutal ajuste La ejecución presupuestaria al 12 de agosto de 2024 en el Presupuesto Abierto fue de $ 21.516,6 millones, lo que representa un 31% de los $ 68.803,1 millones del presupuesto inicial.
“Esta cifra refleja una caída del 82% en la ejecución interanual si se comparan los datos de enero a junio de 2023 inclusive con los del mismo periodo del año en curso en valores reales”, indicó Malena Vivanco, economista del programa Justicia Fiscal de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
Los datos no sólo cayeron en términos presupuestarios. En cuanto a la cobertura, en el primer trimestre de 2023 el programa lo habían recibido 34.023 personas mientras que en el primer trimestre de 2024 ese número disminuyó a 434. Es decir, un 98,6% menos.
“Todo el tiempo nos preguntan por el programa Acompañar, pero no tenemos respuesta. La gente está esperando hace meses. Nos dicen que lo necesitan, pero no le podés dar fecha de pago”, explicó Fernanda Fuentealba es trabajadora de la Línea 144, psicóloga de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y secretaria General de ATE en el ex Ministerio de la Mujer.
Esta clarísimo que la idea del gobierno es que todos los caminos para que la mujer denuncie estén cada vez más plagados de obstáculos y que a pesar de acreditarse la violencia la mujer con sus hijos tengan que arreglárselas por si mismas.
