El Gobierno nacional debutó en este 2026 con el controversial Decreto de Necesidad y Urgencia que redefine el rol de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), y entre otras cuestiones, habilita a los agentes a aprehender personas que estén cometiendo delitos en flagrancia.
Así el DNU 941/25, firmado por el presidente Javier Milei pero aún no publicado en el Boletín Oficial, reconvierte la Agencia de Seguridad Nacional en la nueva Agencia Nacional de Contrainteligencia, que tendrá como función central la prevención de amenazas con definición amplia: espionaje, sabotaje, injerencia externa y operaciones de influencia que puedan afectar el orden constitucional o los «intereses estratégicos del país». Casi todo bajo su órbita.
Mientras desde la oposición denuncian el montaje de un “Estado policial” que se va a dedicar a la «persecución», en el Poder Ejecutivo avanzan en la confección de un protocolo para regular las aprehensiones de personas de parte de agentes de inteligencia.
En concreto, el Decreto 941 les permite a los agentes de la SIDE detener personas “en el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia”, con la condición de brindar “aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes”.
El protocolo buscará establecer con la mayor precisión posible bajó qué circunstancias puntuales los agentes van a estar habilitados para aprehender personas, además de especificar qué personal estará afectado a dichas tareas de inteligencia.
El DNU coloca las actividades de la SIDE, cuyo control político está en manos del asesor presidencial Santiago Caputo, bajo el control de la nueva Inspectoría General de Inteligencia (IGI) en reemplazo de la División de Asuntos Internos.
Sin pasar por el Congreso, el Gobierno modifica la Ley de Inteligencia para darle más poder y oscuridad a la SIDE
Amplía las facultades operativas de los organismos del sector y designa a todas las actividades de inteligencia como “encubiertas”.
En la noche del último día de 2025, el Poder Ejecutivo dictó un decreto de necesidad y urgencia, que se publicará en los próximos días, por el que reformula en profundidad la Ley de Inteligencia Nacional (25.520) mediante una reorganización integral del sistema de inteligencia. Como ejes centrales, el documento establece una mayor centralización en la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), amplía las facultades operativas de los organismos del sector y designa a todas las actividades de inteligencia como “encubiertas”. En la base del texto se introduce el término “riesgo estratégico nacional” como cambio conceptual en el funcionamiento del sistema.
El decreto otorga mayor poder a la SIDE, que pasa a conducir de manera directa todo el Sistema de Inteligencia Nacional. Además, tendrá a disposición una gran caja, en buena medida discrecional: será la que apruebe y controle los presupuestos del área, incluidos los gastos reservados. Y un gran despliegue: podrá requerir información a todos los organismos del Estado nacional, a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En materia digital, el decreto dispone la separación entre ciberseguridad y ciberinteligencia. Para eso, crea el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), que pasará a depender de la Jefatura de Gabinete. Una cuota de poder para la hermana Karina Milei, porque el jefe de los ministros, Manuel Adorni, responde a ella.
Los primeros cuestionamientos
El diputado nacional por Santa Fe Esteban Paulón soslayó que el decreto «generaliza un estado de sospecha y transfiere competencias sensibles a las áreas bajo el control de Karina Milei». Y agregó: «La interna entre Karina y Santiago Caputo es un riesgo para la seguridad nacional y pone en riesgo la autonomía e independencia de la Inteligencia nacional»
El dirigente radical Ricardo Alfonsín sostuvo: «Entre gallos y medianoche Milei modifica la ley de inteligencia! Más allá de su contenido -que habrá que analizar con detenimiento-, me causa gran preocupación la modificación de la ley de Inteligencia».
El diputado nacional Jorge Taiana hizo un punteo de sus críticas. «Básicamente es una ampliación de las funciones y misiones de la inteligencia, dándole marco legal a lo ya hacen y a lo que quieren hacer», señaló. Agregó que el resultado de la aplicación de los cambios llevará a «un Estado policial que recortará varios derechos y perseguirá y controlará a opositores».
Taiana también precisó que, «en el caso de las FFAA autonomizan la inteligencia del control civil por parte del ministerio de Defensa, disolviendo la Diniem y concentrando el poder en la dirección estratégica militar del EMCO. (Vieja aspiración de la corporación)». Y completó: «A cambio de ganar esa autonomía en Defensa, subordinan la inteligencia militar al área de seguridad, dando un paso más en convertir a las FFAA en un auxiliar de las fuerzas de seguridad».
Por su parte la Confederación General del Trabajo (CGT) manifestó su “más absoluta oposición y rechazo” al DNU que modifica la ley de Inteligencia y remarcó que esa clase de reformas deben “ser tratadas y legitimadas a través del Congreso de la Nación”.
“Introduce cambios en la organización y conducción del sistema de la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, habilitando por decreto reformas arbitrarias, regresivas y peligrosas que deben necesariamente ser tratadas y legitimadas a través del Congreso de la Nación”, lamentó la central obrera en un comunicado.
La CGT difundió su postura contraria a esta iniciativa en momentos de tensión con la gestión libertaria por el pryoecto que promueve en el Congreso para la reforma laboral, que es rechazado por los gremialistas.
El texto de los sindiclaistas consideró que “esta decisión gubernamental deja a toda la ciudadanía en una situación institucionalmente crítica: la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su opacidad y su poder sin control parlamentario”.
“Todas sus actividades de espionaje pasarán a ser ‘encubiertas’, transformando a los agentes de inteligencia en ‘policía secreta’ o ‘fuerza parapolicial’, y habilitando la detención de personas sin orden judicial”, evaluó la CGT
“A su vez, se autoriza a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas de seguridad a realizar tareas de inteligencia interior. También faculta la ejecución de tareas ante la ‘fuga de información clasificada’, lo que, en la práctica, representa hostigamiento y censura sobre el ejercicio de un periodismo libre, entre otros graves riesgos”, continuó.
Al respecto, la central insistió en que “se configura así una grave amenaza sobre las libertades individuales y los derechos garantizados por la Constitución Argentina”.
Y cerró: “Estas iniciativas, divorciadas de las genuinas prioridades de nuestro pueblo, surgen como el complemento represivo indispensable de un programa económico y social de ajuste continuo que se está llevando a cabo y que no resultará sustentable en el tiempo, y que, por lo tanto, se aleja cada vez más de un modelo compatible con la vigencia de una democracia plena”.
