En consonancia con las voluntades de Milei y su plataforma política antiderechos, a días de realizarse la Asamblea General de la Organización de Estados Américanos (OEA) el país, representado por la canciller Diana Mondino y la flamante embajadora ante ese organismo, Sonia Cavallo- hija del autor del corralito, presentará una serie de desacuerdos con un borrador que viene consensuándose con los países del tratado hace meses.
Ya trascendió la gran cantidad de tachaduras que ambas funcionarias- junto a la flamante asesora Úrsula Basset- abogada conservadora que se opuso a las leyes del Matrimonio Igualitario y la de Interrupción Voluntaria del Embarazo- imprimieron en el texto sobre Derechos Humanos. Ese texto viene siendo consensuado desde hace meses, tiene casi 80 paginas y la intervención de estas tres mujeres marca un retroceso de derechos en el país sin precedentes.
›Entre el 26 y el 28 de junio se hará en Paraguay la 54 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.
La OEA reúne líderes de las naciones de todo el continente para acordar avances en una agenda regional común sobre democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo sostenible.
Por primera vez en años Argentina no acuerda con los avances propuestos y sugiere «políticas regresivas» que incluso van en contra de leyes y tratados adoptados por el país.
Todos los Estados parte (en la actualidad son 35) participan de la Asamblea General. Sus representantes son los cancilleres o embajadores ante la OEA. En el caso de Argentina la comitiva que viajará estará encabezada por la Canciller Diana Mondino y Sonia Cavallo, hija del ex ministro de Economía Domingo Cavallo, nombrada embajadora ante la OEA hace sólo un mes.
Los medios consultaron sobre estos cambios en el documento pero desde Cancillería no se respondió ninguna pregunta
El texto de promoción y protección de Derechos Humanos se llama ómnibus e incluye temas como la seguridad hemisférica, el fortalecimiento de la democracia, migraciones, personas privadas de la libertad, mujeres, diversidades, violencia y desigualdad de género, salud mental. Son compromisos que toman los Estados para trabajar hasta la próxima Asamblea.
La especialista en Derechos Humanos de Akahata una organización de incidencia en derechos sexuales en el ámbito internacional se expresó respecto a la conducta de Argentina de discutir textos que ya estaban acordados y explicó que “En general se va ampliando el enfoque de derechos humanos, se abordan nuevas perspectivas como en género y salud mental, o cosas nuevas que aparecen, Internet y redes sociales, lenguajes, grupos poblacionales, pero la tónica general es ir ampliando la protección, el contenido democrático de libertad y garantías. Por eso los Estados más regresivos siempre son los que ponen notas al pie, porque no están de acuerdo con esos avances»
«Argentina plantea modificaciones, comentarios y sugerencias que se apartan del marco de los derechos humanos. Lo que se repite es la confrontación y es muy grave, son propuestas extremas -opina la especialista-. Ya hay una resistencia a que se hable de género, como Rusia, China, Egipto, Marruecos, Singapur, Malasia, todos los países africanos, el Vaticano. Ellos no quieren que se hable de género sino de mujeres y niñas. Pero ahora lo que propone Argentina va más allá: tachan todas las veces que aparece la palabra género pero también tachan mujeres y niñas. Están yendo más lejos que todos estos países».
«También hay un fuerte rechazo a la interseccionalidad, que es tener en cuenta cómo las vidas de las personas son distintas según determinadas circunstancias: no es lo mismo ser una mujer blanca de clase media que una mujer indígena de una zona rural. Argentina tachó la palabra interseccionalidad todas las veces. En la sección que se habla de personas afrodescendiente, Argentina tachó la palabra racismo e inequidades sistemáticas», detalla Peralta.
Con respecto a las personas LGBTIQ+, explica la especialista que Argentina es parte del Core Group, el grupo de los países que se dedican con más énfasis en este tema, junto a Estados Unidos, Canadá, Brasil, Colombia, Chile, Uruguay y México: «Pero Argentina ahora se muestra a favor de las terapias de conversión, que son procedimientos de tortura que van contra los derechos humanos, ya que pretenden cambiar la orientación sexual y la identidad de género de las personas. Estas terapias incluyen electro shock, medicamentos y encierro. Argentina dice ahora que es un tema científico, es gravísimo».
La resolución propuesta por la OEA habla en contra de los discursos de odio, de sus peligros, de la diferencia entre la libertad de expresión y el exterminio de grupos vulnerables: «La misión argentina quiere que no se hable de este tema, argumentando que va en contra de la libertad de expresión. Se presentan como defensores de la libertad de expresión, cuando uno de los derechos básicos es la libertad de protesta, cosa que el gobierno vulnera cada vez que hay una movilización -sigue Peralta-. El discurso de odio se genera desde el propio gobierno. También impugna contenido de personas que defienden los derechos humanos y ataca al Mesecvi, que es el organismo que observa la desigualdad y violencia de género. Argentina va más allá de los países más regresivos del mundo».
«Desde Ipas LAC vemos con mucha preocupación el cambio en la política exterior del gobierno de Javier Milei, porque es contraria a los compromisos internacionales del Estado argentino y a su marco constitucional y legal. Desde ausencias en foros regionales, como en la reciente celebración de los 30 años de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará) hasta prácticas para impedir y entorpecer las negociaciones en la Asamblea general de la OEA. Se trata de una evidente intención de debilitar aquellos organismos multilaterales que generan compromisos internacionales», dijeron a Clarín desde la organización de derechos reproductivos de América Latina y el Caribe.
«En la OEA, Argentina propuso eliminar los acuerdos en materia de desarrollo sostenible y de género, y además cuestiona que pueda abordarse el cambio climático desde la perspectiva de los derechos humanos que ha caracterizado a la política exterior argentina en distintas gestiones de gobierno. Se trata de un cambio en la postura que no se condice con los propios marcos legales nacionales», agregaron.
También, aseguraron, «en una reunión del Consejo Permanente propuso borrar toda referencia a violencia sexual en la resolución sobre la situación en Haití, generando una fuertísima reacción de distintos países, por ejemplo Estados Unidos y México, que alertaron con preocupación sobre esta posición que contradice los propios principios del Sistema Interamericano».
«Con las modificaciones y eliminaciones que el gobierno argentino propone, se observa un nuevo intento por debilitar la ley nacional de salud mental. El gobierno argentino busca evitar su compromiso con los organismos internacionales, de garantizar los derechos de las personas con padecimiento mental, especialmente en cuestiones de género y de autonomía, como así también busca evitar reafirmar el cambio de paradigma que la ley de salud mental dispone, desde uno manicomial, de encierro y de arrasamiento de la subjetividad de las personas, por otro comunitario, interdisciplinario, intersectorial y con perspectiva de derechos», explica a Clarín Alberto Trímboli, Presidente honorario de la Asociación Argentina de Salud Mental (AASM), y Ex presidente de la Federación Mundial de Salud Mental (WFMH).
«Con esta propuesta el gobierno argentino insiste en mostrar su desprecio por el respeto por la libertad de las personas con padecimiento mental, su autonomía y su derecho a tener una vida en comunidad», agrega Trímboli.
Y concluye: «Al eliminar párrafos relacionados con el consentimiento informado, la participación las organizaciones de usuarios y familiares, las internaciones compulsivas, el cuidado por no sobremedicar, el paradigma comunitario, entre otras cuestiones, el gobierno encubre su objetivo de judicializar y criminalizar los padecimientos mentales. De aceptarse estas modificaciones, se pondría en riesgo el respeto a las libertades individuales, violando todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos y de salud mental firmados previamente por nuestro país con organismos internacionales».
