El subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires que depende del Ministerio de Justicia bonaerense Matías Moreno aseguró que «queremos poner la unidad en funcionamiento lo antes posible, para continuar con la búsqueda de aquellas personas apropiadas durante la última dictadura cívico militar».
Estas declaraciones fueron hechas en el marco del desmantelamiento de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), realizada mediante el decreto 727/2024, cuyo objetivo era dar con el paradero de los bebes robados durante la última dictadura cívico militar y que funcionaba principalmente, mediante la averiguación y el acceso a los archivos del Estado,
Tras elllo el gobernador Axel Kicillof se reunió con Estela de Carlotto y le comunicó que crearía la Unidad Provincial Especializada para la búsqueda de personas apropiadas, que recibirá e investigará denuncias de posibles apropiaciones, requerirá información documental para esclarecer el origen biológico, y articulará con las esferas nacionales correspondientes para la derivación de casos, con el fin de complementar las investigaciones y la documentación, para realizar las pericias genéticas en el Banco Nacional de Datos Genéticos.
El gobernador expresó en su cuenta de X, cuando escribió que «seguiremos buscando a los 300 nietos y nietas y defendiendo el trabajo que llevan adelante con amor hace más de 40 años las Abuelas de Plaza de Mayo», ya que en la provincia donde vive el 38 por ciento de la población nacional «seguiremos profundizando las políticas de Memoria, Verdad y Justicia».
Kicillof detalló que la labor del Estado bonaerense estará coordinada con la Justicia federal, y que su eje central será «profundizar las políticas de memoria, verdad y justicia”. ¿Por qué? El gobernador lo señala: «En materia de derechos humanos, como en tantas otras áreas en las que el Gobierno nacional está desertando de sus funciones, apuntamos a ser un escudo que permita reducir el impacto de esa carencia sobre los y las bonaerenses”.
La creación de la unidad no es un empezar de cero para el Estado bonaerense, ya que la Subsecretaría de Derechos Humanos tiene dos políticas transversales acerca de la restitución de identidad. Por un lado, a partir de un convenio con el equipo de Antropología Forense y un convenio con el Ministerio de Salud, el área conducida por Moreno recibe muestras de familiares de desaparecidos, que son llevados al equipo de Antropología Forense para tratar de vincularlas con restos óseos de personas detenidas y desaparecidas que todavía no han podido ser identificadas.
Otra de las políticas transversales de la Subsecretaría de Derechos humanos está ligada al anuncio del jueves, y tenía que ver con las personas apropiadas durante la última dictadura cívico militar. Las autoridades bonaerenses recibían o directamente tramitaban la vinculación de los denunciantes con el Conadi, pero como el organismo fue desmantelado por el Gobierno nacional, la nueva oficina provincial anunciada por Kicillof absorberá muchos de esos roles, y también requerirá documentación de los organismos provinciales para garantizar el acceso y la preservación de la misma, además de que articulará con las diferentes autoridades judiciales para solicitar información.
