Recientemente se publicó un completísimo estudio sobre Objeción de Conciencia en Argentina. La investigación, que llevó tres años y alcanzó a toda la república argentina trata de dimensionar de qué manera los malos usos de la Objeción de Conciencia obstaculiza el acceso al aborto.
Del estudio formaron parte ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género), CEDES (Centro de Estudios de Estado y Sociedad) y REDAAS (Red de Acceso al Aborto Seguro Argentina). Las Brujas que Salem dialogamos con la Dra. Agustina Ramon Michel, investigadora, abogada y profesional que participó de este estudio, quien nos contó detalles de esta investigación y nos trajo esperanza respecto de avances, ideas y derechos que se defienden a pesar del contexto adverso que- a partir de las acciones y no acciones del gobierno nacional -se viven en nuestro país en materia de derechos sexuales y reproductivos.
Con la sanción en diciembre de 2020 de la ley 27.610 de “Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y a la Atención Postaborto”, en Argentina se promulgaron en simultáneo dos derechos: por un lado, el derecho de las niñas, adolescentes, mujeres y otras personas con capacidad de gestar de interrumpir embarazos no deseados. Por el otro, el derecho de los/as médicos/as de no llevar a cabo un aborto si eso entra en conflicto con convicciones personales. Sin embargo, quienes objetan también tienen obligaciones establecidas por esta ley.
Para comenzar Agustina Ramon Michel nos aclara: “La objeción de conciencia siempre estuvo en el corazón de la discusión sobre aborto acá en Argentina y en casi todos los lugares” y agrega “la objeción de conciencia aparece donde se discute aborto porque es la menara legal que utilizan algunos profesionales de la salud para rehusarse a realizar la práctica”
En relación a cómo está delimitado este derecho de los médicos nos explica que: “la ley fija quién puede objetar. No lo puede hacer cualquiera, no puede hacerlo el que toma el turno, el enfermero, o el responsable de la farmacia, sólo puede objetar quien participa directamente de la práctica”– y aclara- “la segunda manera de delimitarla es determinar que el profesional objetor tiene la obligación de derivar a esa mujer a alguien que sí le haga la práctica”
«la ley fija quién puede objetar. No lo puede hacer cualquiera, no puede hacerlo el que toma el turno, el enfermero, o el responsable de la farmacia, sólo puede objetar quien participa directamente de la práctica”
Asimismo la investigadora expresó que algo extremadamente importante que está prohibido en la ley es ejercer la O.C cuando llega alguien al hospital que está en una situación de emergencia y subraya “Este derecho a la objeción de conciencia-diríamos jurídicamente- es derrotado cuando estamos frente a un caso de emergencia, como cuando llega una mujer con hemorragias por un post aborto y hay que tratarla porque hay peligro de muerte”– ejemplifica.
Para la realización de esta investigación que se extendió desde el 1 de enero del 2021 al 31 de diciembre de 2023, los investigadores relevaron eventos de objeción de conciencia en recortes de diarios y portales de noticias, sitios web de los Ministerios de Salud, informes de activistas de organizaciones de la sociedad civil y luego se incorporó también entrevistas a las directoras y jefes de servicio y profesionales de salud. Este último método, nos explica Ramón Michel se decidió utilizar porque había provincias, en donde aparecían pocos eventos de O.C y se sabía que no era porque no existiesen, sino porque estaban poco reportados, como el caso de la provincia de Santiago del Estero.
El informe detalla 223 eventos de objeción de conciencia. De ellos 136 fueron negaciones individuales en tanto 87 correspondieron a negaciones institucionales de los centros de salud.
Con respecto a las negaciones individuales Ramón Michel aseguró que más de la mitad no estaban realizadas con apego a la ley, o sea “fueron realizadas por quien no debería objetar como personal de limpieza, una enfermera o la persona que atendía en la farmacia”
En este sentido la especialista aseguró que “El nudo más evidente que vimos fueron las negaciones institucionales. La ley no permite la OC institucional, sin embargo hay tanto instituciones públicas como privadas que lo hacen. Esto, en su mayoría son ilegales. En los sectores públicos porque están obligados a garantizar la práctica y en los sectores privados porque no tercerizaron la práctica para que la mujer que asiste tenga derecho a realizarse la IVE o ILE”
Tierra arrasada para los derechos
El informe, que monitorea todo el país encontró graves problemas al identificar áreas geográficas plagadas de profesionales que ejercen la O.C y de esta forma dificultan a las mujeres acceder al derecho.
Agustina Ramón Michel asegura: “Cuando la objeción empieza a funcionar como una barrera hecha y derecha, son los casos que yo los llamaría de “objeción jurisdiccional”, donde hay jurisdicciones completas donde no encontrás un profesional disponible” Ejemplos de esto son el caso de Zapala en Neuquén, Mercedes en Corrientes, Coronel Pringles y San Miguel en la provincia de Buenos Aires. En muchos de estos casos la mujer tiene que viajar más de 200 kilómetros para encontrar otro centro de salud donde realizarse la práctica. La investigadora asegura “Esto ya habla de una desidia gubernamental total, Si ellos quisieran, sería suficiente que en un hospital, o un centro de salud, haya una guardia donde le paguen a un profesional de salud que vayan los días martes o miércoles, algo tan sencillo como eso. Al no hacerlo estamos hablando de una decisión firme de no hacer nada”
«Cuando la objeción empieza a funcionar como una barrera hecha y derecha, son los casos que yo los llamaría de “objeción jurisdiccional”, donde hay jurisdicciones completas donde no encontrás un profesional disponible”
Las buenas noticias
A pesar de un presente donde se desmanteló el Plan de Embarazo No Intencional en la Adolescencia y se dejó de comprar todos los insumos para la interrupción de los embarazos ya sean voluntarios como legales, como así también todo tipo de anticonceptivos, el estudio muestra ciertas conductas y gestiones que se realizan que nos llevan a sentir que esta ley y su cumplimiento es abrazada por la mayoría del personal de salud.
Ramón Michel asegura que la primera buena noticia es “que la ley cumplió su propósito y- resalta- eso es mucho decir” en este sentido explica que “se redujo la arbitrariedad más absoluta de profesionales que en el pasado se declaraban objetores pero además sentían que tenían un cheque en blanco para maltratar a las mujeres, para malinforma; ese tipo de prácticas disminuyeron notablemente”– valoró
Otro aspecto positivo es que aumentaron notablemente las derivaciones, lo que habla, claramente de una decisión de respetar el derecho de la mujer.
También aseguró que, cuando realizaron el relevamiento observaron que los canales de denuncias disponibles del Estado para alertar cuando no se brindaba la atención estaban funcionando correctamente. Sin embargo afirmó que “Esto, que cuando lo relevamos era positivo ya no lo es porque desde este año el Ministerio de Salud de la Nación decidió retirarse de su rol de rector, de coordinador de este monitoreo”
En el estudio publicado también aparece en forma sistemática la gran cantidad de capacitaciones que se realizan tanto sobre la ley en general, como sobre la naturaleza de la O.C
Antes mirábamos todo desde el lado de la criminalización y la penalización, eso por suerte cambió. Todo tiene que ver con la manera en que llegamos a la ley, después de un debate, de años de estar trabajando en equipos de salud, llegamos con insumos, con documentos, con la sociedad civil, con mucha paciencia de hablar, de aceptar diferencias. Por eso siento que este es un momento difícil pero no nos encuentra desvalidas”
En este sentido Agustina valoró que estos espacios de diálogo y de compartir experiencias sirven para que muchos profesionales que,se habían declarado objetores, cambien de opinión. A veces esto no solo ocurre, como tantos relatos de médicos y médicas en el pasado, cuando veían a una mujer llegar desangrada y morir sino también en el presente cuando luego de acompañar a una mujer que decidió abortar la escuchan decir «Siento que es la primera vez que estoy eligiendo algo”
Finalmente una de las noticias más valoradas en este monitoreo nace de una situación que en principio es angustiante:.El ministerio de Salud de Nación no está comprando insumos ni para aborto ni para prevención de embarazos y vemos – asegura Ramón Michel- “que con más o menos voluntad cada provincia está sobrellevando esta situación que es en extremo difícil”
Este compromiso siente que es gracias a “un cambio de conciencia legal. Antes mirábamos todo desde el lado de la criminalización y la penalización, eso por suerte cambió. Todo tiene que ver con la manera en que llegamos a la ley, después de un debate, de años de estar trabajando en equipos de salud, llegamos con insumos, con documentos, con la sociedad civil, con mucha paciencia de hablar, de aceptar diferencias. Por eso siento que este es un momento difícil pero no nos encuentra desvalidas”
Reviví la entrevista completa en Radio Trinchera
