Cuando convencidos por los discursos de las derechas parte de la sociedad piensa que el Estado solo roba y no sirve para nada se puede ir analizando tema por tema para explicar cuál es, precisamente el peso que tienen las gestiones estatales en las políticas que ayudan a la gente.
En un día como hoy se puede evaluar fácilmente como la prevención y la erradicación de las violencias de género se profundizan si el Estado abandona su rol protector, que además es el que se comprometió no solo por la Constitución Nacional sino por la firma de Convenios y Tratados Internacionales.
El 25 N fue instaurado en 1999 por las Naciones Unidas. Por más que Milei niegue la violencia de género, el resto del mundo es consciente de que sí existe y desde 1999 instauró este día en honor a las hermanas Mirabal que, en 1960 fueron asesinadas en la República Dominicana y que son, para todo el mundo un símbolo de resistencia y de lucha
Los datos recientes mundiales más recientes hablan de que casi una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia física y/o sexual al menos una vez en su vida.
Las encuestas, las investigaciones, los estudios, los censos en todos los países han mostrado que el hogar es el lugar más inseguro para la mujer pero que su vulnerabilidad se ha extendido fuera de la casa y también se da en la calle, en el trabajo, en contextos armados y en espacios digitales.
Sólo en nuestro país desde enero se produjeron 269 femicidios.
Hemos aprendido, también que la violencia es un espiral y que antes de que se llegue al femicidio la mujer, lamentablemente puede estar años y años maltratada por quien dice amarla. Por esto nuestro país se había convertido en pionero no solo en colaborar con la familia de las víctimas de femicidio sino, fundamentalmente con atacar su raíz desde la educación, la cultura, las artes y la prevención. Esto desapareció prácticamente por completo desde que Milei se hizo cargo de la presidencia.
Las estadísticas oficiales del Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género, donde se cargan los casos atendidos en las provincias, los municipios y el estado nacional muestran que en el segundo trimestre del 2024 se atendieron a solo 4.550 mujeres. El año anterior, en el mismo trimestre se habían atendido a 43 mil. Una diferencia del 89,6 % ¿fue magia? No, por supuesto las mujeres no denuncian porque ya no hay lugares donde denunciar y porque se encuentran absolutamente desamparadas.
Desde la psicología hemos podido aprender también lo difícil que es para una mujer denunciar la violencia. A veces cuesta incluso identificarla como violencia, pero aún cuando lo hace existen amenazas físicas sobre ellas y sus hijos y familiares si denuncia o quiere irse del hogar. Aún cuando sienten que su vida está en riesgo solo el 23 % de las mujeres asesinadas en 2023 según la Corte Suprema de Justicia habían denunciado al agresor. La presión y las amenazas son demasiado para ellas.
La abogada Natalia Gherardi, directora ejecutiva de ELA (Equipo Latinaomericano de Justicia y Género) asegura “Para decidir buscar ayuda, además de atravesar muchísimos obstáculos materiales y subjetivos, las mujeres tienen que poder creer que las instituciones estarán allí para asistirlas, para contenerlas, para creer en su palabra y ayudarles a encontrar un camino. ¿Cómo sostener esa convicción en medio de un discurso público tan agresivo y regresivo?”
El mensaje del gobierno nacional al respecto es claro y muy directo. No creen en el enfoque de género, niegan las violencias contra las mujeres y diversidades y lo hacen además a viva voz, disolviendo ministerios, secretarías, departamentos, desfinanciando leyes y lo poco que quedó en pie no sólo no tiene presupuesto sino tampoco autoridades ni personal, una caja de cartón armada por un cerdito que vuela al primer soplido del lobo.
Ya los datos de este año de los distintos Observatorios de Género como Mumalá advierten de cifras de violencias que no ceden aunque sí disminuyen las mujeres que se acercan a pedir auxilio. Eso se resuelve tan fácil como la suma dedos más dos. No hay a donde acudir. Solo quedó el esfuerzo de algunos gobiernos provinciales, algunos municipios y las asociaciones de la sociedad civil que siempre están presentes, más aún en las crisis y ausencias del Estado.
El estado actual de las mujeres y, más aún de las disidencias es de una desprotección y una vulnerabilidad únicas.
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De 23 programas específicos que desarrollaba el ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, para atender la problemática de la violencia de género, quedaron funcionando, según el Gobierno, 12. Sin embargo, ni siquiera están garantizados por el escaso personal o la no ejecución presupuestaria. En algunos casos, no se llevó adelante ninguna acción concreta, como en el caso de la Ley Micaela: en todo el año el Gobierno no brindó ni una capacitación aunque la legislación lo obliga según un relevamiento que realizó ELA. Otras poblaciones vulnerables fueron las poblaciones indígenas que prácticamente no reciben asistencia.
En el segundo trimestre de este año se atendió a 32 personas mientras que el año anterior se había asistido a 793.
El Programa Acompañar, a través del cual víctimas de violencia de género recibían por seis meses un monto equivalente al salario mínimo, vital y móvil y el acompañamiento psicosocial de equipos especializados en áreas municipales, fue desfinanciado. En el primer semestre del 2024, se observó una caída del 82 por ciento de la ejecución presupuestaria real interanual en comparación con el mismo periodo del año 2023. Y el programa no figura directamente en el Proyecto de Presupuesto 2025. Desde mitad de año, el Gobierno además puso una traba para acceder al beneficio: sumó como requisito que hagan la denuncia policial o judicial.
Otra caída exponencial fue la de llamadas al 144 y fue coincidente con la capacidad operativa de la línea. Prácticamente se redujo a la mitad las operadoras telefónicas. Para el 2025 en el proyecto de presupuesto que propone el gobierno para el área es :¡no hay plata!
La única titular de las Mujeres que quedó en todo el país, la ministra delas Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense advirtió que en el Presupuesto 2025 el Gobierno de Javier Milei plantea una reducción sustancial en todas las políticas de erradicación de la violencia.
“Es la primera vez que nos encontramos con un Gobierno nacional que niega la existencia de la violencia de género, siendo el único país del mundo que en la ONU no votó la resolución de compromiso para reducir la violencia contra mujeres y niñas. Lo votó el mundo entero, menos Argentina”, afirmó.
Y esto se traduce en políticas concretas: “Acaban de presentar un presupuesto donde es nulo cualquier aporte económico para abordar las violencias de género. El rescate a las víctimas de trata se redujo en un 88%”.
“El Centro de Economía Política (CEPA) presentó un informe muy detallado: no tienen ni presupuesto ni responsables al frente de los programas. Algo que no ha pasado en Argentina, ni siquiera con los cambios de Gobierno en los últimos 30 años”, se lamentó Díaz.
Asimismo detalló todo lo que hace la Provincia de Buenos Aires en materia de género pero en absoluta soledad sólo con recursos de la provincia.
“En el mundo no pueden creer la posición de Argentina. Los objetivos de desarrollo 2030 fueron firmados por todos los países de las Naciones Unidas. Argentina está quedando en un extremismo antiderechos que el resto de las naciones del mundo no puede entender. Ni siquiera los aliados de Milei son tan extremos en estos posicionamientos”, finalizó.
Durante esta tarde está programado un “juicio popular” contra la gestión de Jaier Milei acompañando este 25N a cargo de las Mujeres agrupadas de la Unión de Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) El delito es más que claro “asociación ilícita en perjuicio del pueblo”, “aumento del hambre y la violencia, agravado en el caso de mujeres y niños”.
Esta decisión “surgió del cansancio que tienen las mujeres, sobre todo de la Economía Popular, de ser las principales perjudicadas y perseguidas por este Gobierno y no obtener nunca ni una respuesta”- según las organizadoras.
“Las trabajadoras socio comunitarias no solo ven reducido su salario y dejaron de recibir mercadería para darle de comer a sus vecinos, sino que también deben acompañar a las mujeres víctimas sin ninguna asistencia del estado. Frente a la violencia de la realidad, será justicia popular”, concluyeron.
Mientras la motosierra misógina de la Libertad Avanza no sólo recorta políticas, sino que también genera una narrativa violenta contra las mujeres y diversidades, la cifra de femicidios en la Argentina sigue siendo alta.
Alba Rueda aseguró que hace meses desde el activismo venimos advirtiendo que el gobierno de Javier Milei y sus aliados de extrema derecha estaban armando el escenario para atacar la Ley de Identidad de Género. Lamentablemente este domingo se confirmó esta afrenta. El diputado Álvaro Martínez de La Libertad Avanza presentó un proyecto para prohibir el cambio registral a menores de edad. Modificaría así la ley de identidad de Género 26.743. símbolo de democracia diversa que reconoce derechos a todes.
Por supuesto también se ocuparon de acusar la ley de la Educación Sexual integral. Para esto hicieron toda una puesta en escena de denuncia de libros con contenido “pornográfico y sexualizado” distribuidos por el ministro de Educación Alberto Sileoni en las bibliotecas de la provincia de Buenos Aires censurando públicamente, entre otros, el prestigioso libro Cometierra de Dolores Reyes que fue abrazado no sólo por escritores, sino lectores subiendo en ventas en el país y en todo el mundo.
Ya a pocos días de estrenar su cargo el vocero presidencial anunció feliz y a viva voz la prohibición del uso del lenguaje inclusivo y de pasar contenidos culturales sobre diversidad sexual, luego el siguieron, cual catarata la representación en el exterior de la política LGBTIQ+, los despidos por cupo trans, la falta reducción mínima o nula de las leyes de ESI y Micaela.
Silvina Molina, editora del suplemento “Tiempo de Narrar. Territorio de historias”, ex editora de género de Télam antes de que la hiciera desaparecer Milei publicó las políticas de prevención y erradicación de la violencia de género que se sostienen en las 24 jurisdicciones con el apoyo, la mayoría de las veces de las provincias o de los municipios.
Asegura que las 24 jurisdicciones del país sostienen políticas igualitarias, con áreas específicas que trabajan prevención de violencia de género y asistencia a las víctimas, y que impulsan programas socio laborales y capacitaciones para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo.
Estas son algunas de las medidas que se identifican en este ‘mapa’ de las políticas y áreas de género de las provincias argentinas, que, a punto de cumplirse un año de la nueva gestión de gobierno, -todas las administraciones se renovaron en diciembre de 2023-, mantienen y profundizan acciones gubernamentales igualitarias.
Hay provincias con líneas telefónicas de ayuda a personas en situación de violencia de género, varias que llevan estadísticas sobre el tema, y otras que impulsan programas de reinserción socio laboral para las sobrevivientes.
Río Negro, Santa Fe, Jujuy, Neuquén, provincia y ciudad de Buenos Aires son algunas de las jurisdicciones que cuentan con líneas telefónicas para asistir a personas en situación de violencia de género.
Chubut brinda un apoyo económico por 6 meses (renovable por 6 más) para las víctimas, que se complementa con capacitación laboral y apoyo a micro emprendimientos. Para acceder “debe mediar denuncia previa de su situación victimológica ante autoridad competente”, explica la resolución provincial.
También Mendoza, Córdoba y Chaco brindan asistencia económica.
Los dispositivos territoriales con equipos interdisciplinarios para prevenir y asistir situaciones de violencia son políticas que se extienden en casi todas las provincias. Los tiene Catamarca; Santiago del Estero; Santa Fe los identifica como Puntos Violeta, y en Jujuy se llaman Centros de Atención Integral. El Polo Integral de la Mujer de Córdoba se extiende territorialmente con los Puntos Mujer, en la ciudad de Buenos Aires hay Centros Integrales de la Mujer, y en La Rioja el dispositivo se llama Yanapay.
En provincia de Buenos Aires hay una Red Provincial de Dispositivos Territoriales de Protección Integral, un programa de fortalecimiento en el abordaje de las violencias en los municipios “Comunidades sin violencias” y mesas locales intersectoriales. Al ser la única provincia con Ministerio específico, cuenta con un Sistema Integrado de Políticas Públicas (SIPP) como modelo metodológico para el abordaje en prevención y asistencia de las violencias por razones de género.
También Neuquén lleva adelante un Plan Provincial para la Equidad de Género (PPEG) de forma interministerial e interpoderes.
Corrientes, Catamarca, ciudad y provincia de Buenos Aires y San Juan llevan adelante registros de casos de violencia, datos que les permiten optimizar las políticas públicas.
Tierra del Fuego cuenta con equipos para patrocinio jurídico ante situaciones de violencia y una guía que regula las intervenciones adecuadas ante la justicia. Corrientes tiene una política similar con un equipo legal, uno psicológico y otro social, al igual que Chaco.
Las casas de protección para víctimas son parte de la política de Santa Fe con capacidad para albergar hasta 200 personas. También en Mendoza, donde se la identifican como refugios.
Y Chaco trabaja en instituciones educativas para prevenir la trata de personas.
Santiago del Estero está en la fase final de un proyecto de incubación de un sistema piloto de inteligencia artificial en procesos administrativos y judiciales sobre violencias en contra de las mujeres y las personas integrantes de su grupo familiar, para agilizar y optimizar la asistencia.
Con apoyos de las redes de mujeres que siempre están de las militantes feministas, de derechos humanos, sociales, de la tierra las mujeres siguen encontrando lugares donde acudir pero la ausencia del Estado se hace sentir cada vez más y hace que este día 25N haya más reclamos que avances.
